Tres responsables de una construcción de viviendas que se ejecutó en la playa de San Juan, acusados de la muerte de un joven trabajador de 17 años de edad y de lesiones muy graves que sufrió otro obrero en enero del 98, pactaron ayer aumentar la indemnización económica prevista para los perjudicados, con el fin de evitar el juicio y reducir su presunta responsabilidad penal.
El fiscal especial de Accidentes Laborales, Miguel Gutiérrez, se opuso al pacto al que llegaron un total de once letrados de la defensa que están representados en el procedimiento, por lo que seguirá adelante con la acusación en la que solicita dos años de prisión para cada uno de los acusados, a pesar de que quede resuelta la indemnización económica en concepto de responsabilidad civil.
Las defensas solicitaron al juez la suspensión del juicio para poder hacer el ofrecimiento económico a las dos familias, por lo que está previsto que hoy se inicie la vista oral con la declaración de los tres procesados. Los acusados son el aparejador de la obra, Jaime S. B., el subcontratista, Ramón Juan A. V. y el encargado de la obra, Pedro P. B.
Según considera el ministerio fiscal, los hechos sucedieron el 12 de enero del 98, cuando los dos trabajadores cayeron desde un andamio situado a quince metros de altura. Para el fiscal, el andamio donde se encontraba el joven se desplomó al estar defectuoso el tractel central de la estructura. Además, estima que a la víctima que falleció se la destinó a trabajar en actividades de alto riesgo profesional, las cuales están prohibidas para menores.
Miguel Gutiérrez solicita en sus conclusiones provisionales una indemnización de 25 millones para la familia del joven que perdió la vida, mientras que para al herido de gravedad, la cantidad queda pendiente de conocer las secuelas definitivas y del grado de una posible incapacidad permanente, sobre la cual debía de declarar un médico forense y la autoridad laboral. Todos estos aspectos no se abordarán en el juicio que se iniciará mañana si se solventa la indemnización económica.
Por otra parte, el fiscal reclama 1.450.000 pesetas por las lesiones que sufrió el trabajador herido grave y otros siete millones por las secuelas que padece. También pide el pago de una multa de seis meses.
Falta de seguridad
El fiscal especial de Accidentes Laborales, Miguel Gutiérrez, aprecia que los procesados cometieron un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por no adoptar las medidas de seguridad necesarias que evitaran el accidente laboral, por lo que pide seis meses de prisión. Junto con esta infracción del Código Penal contempla otro delito de lesiones y un supuesto homicidio por imprudencia, que conjuntamente suman el segundo año de cárcel que se solicita. …
Los abogados de la defensa intentaron ayer que la acusación redujera la pena que se solicita y que se aprecie una falta en vez de delito, extremo que rechazó el fiscal, aunque sí lo aceptó inicialmente la acusación particular.
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