Los afectados de la provincia de Alicante por el amianto, mineral cuya aspiración provoca la enfermedad profesional denominada asbestosis (que puede derivar en algunos casos en cáncer de pulmón, de laringe y en mesotelioma pleural), anunciaron ayer que van a dirigirse al fiscal general del Estado para que inicie una investigación sobre el posible silenciamiento de esta patología. Los afectados aseguran tener sospechas, tal y como se ha publicado en algunos medios por boca de CC OO, de que el Ministerio de Trabajo de la era Zaplana remitió una serie de directrices y recomendaciones a los jueces, neumólogos, mutuas de enfermedades profesionales y unidades de valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) para «silenciar» la situación de los enfermos y denegar las solicitudes de invalidez permanente.
La Asociación de Enfermos por el Amianto salió ayer al paso de una información divulgada por CC OO en los últimos meses según la cual el Ministerio de Trabajo habría comunicado a las instituciones antes citadas que silencien en la medida de lo posible la enfermedad de la asbestosis y sus derivaciones, según explicó el presidente de la agrupación, Francisco Martínez Piqueras, y el secretario, Fulgencio Soria.
Otra de las medidas que adoptarán los afectados es, además de pedir la investigación al fiscal general del Estado, solicitar una reunión con los especialistas sobre el amianto del Ministerio de Trabajo. «Si es cierto, esto es un atropello, porque los enfermos por el amianto estamos peor que hace seis años, ya que el Instituto de la Seguridad Social sigue rechazando las solicitudes de pensión de los asbestósicos», explica Martínez Piqueras. Los afectados por esta enfermedad profesional aseguran que el Inss suele rechazar de forma sistemática las peticiones de pensiones por invalidez, que después se ganan en el juzgado de lo Social y que después se pierden de nuevo cuando el Inss recurre ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Piqueras asegura que la asociación que él preside, y que está integrada por ex trabajadores de Fibrocementos de Levante, del Grupo Uralita (cerrada desde junio del pasado año), llevan quince años tratando de luchar ante la Administración para mejorar las pensiones de los enfermos y sensibilizar a la opinión pública sobre este fenómeno laboral. Asegura que, tras amenazar con realizar una concentración en las puertas del Ministerio de Trabajo en Madrid el 5 de marzo, en vísperas de las elecciones, un asesor de Zaplana los recibió en audiencia el 4 de marzo, «pero todo sigue igual si no peor que hace cinco años. El ministerio debería saber que el amianto ha dejado cientos de muertos anónimos, miles de enfermos y un montón de viudas.
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