El representante legal y encargado de la distribución de tareas y supervisión de una empresa aceptó una pena de un año de prisión por una imprudencia mortal relacionada con accidente laboral.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 por conformidad de las partes también establece una indemnización de 120.000 euros para la familia del trabajador fallecido (sus padres y un hijo de la propia víctima), de la que se harán cargo a partes iguales la dos compañías en las que estaba asegurado el tractor en el que perdió la vida cuando desempeñaba sus quehaceres profesionales como peón forestal (desde 2007) en la empresa.
El acusado reconoció que el 27 de abril de 2010 ordenó a la víctima la aplicación de productos fitosanitarios a viñedos. Esa tarde, cuando la víctima conducía un tractor, por un terreno en pendiente, perdió el control, yéndose por la margen derecha del talud, lo que provocó que saliera despedido y arrollado por la rueda trasera del tractor. Los fuertes traumatismos en la cabeza le costaron la vida.
La fiscal (también había acusación particular) alegó que el vehículo no estaba preparado para realizar trabajos en terrenos con fuerte pendiente, destacando, además, que la víctima no había recibido formación específica para hacer uso de esa maquinaria agrícola. La inspección laboral también concluyó que el tractor carecía de estructura de protección y cinturón de seguridad.
La defensa, por su parte, antes de llegar a una cuerdo, se escudó en que la víctima había ido a trabajar tras haber consumido tóxicos, con sus capacidades físicas y psicológicas mermadas.
El ministerio fiscal en su escrito de conclusiones provisionales reclamaba una pena de dos años y medio de prisión por una imprudencia con resultados de muerte y un delito contra los derechos de los trabajadores.
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