Las defensas de los acusados en el juicio por Ardystil solicitaron este lunes en sus informes finales la absolución de sus clientes y responsabilizaron de lo ocurrido a la actuación de las administraciones públicas y a las multinacionales que suministraban los productos químicos usados en la aerografía textil.
Pedro Soriano, letrado de la propietaria y del encargado de Ardystil, J.Ll.S. y J.L.P.G., respectivamente, para los que el fiscal solicita sendas penas de seis años de prisión, calificó de “accidente” lo sucedido en esta empresa y afirmó que es el “típico caso” donde las medidas se adoptan después de acontecidos los hechos.
“J.Ll.S. se encontraba bajo la influencia de un error invencible que le exonera de culpa, ya que no sabía que trabajaba con productos tóxicos porque los fabricantes no lo advertían con pictogramas en los envases”, argumentó.
Este abogado también tildó de “verdaderos escudos para la defensa” de la propietaria de Ardystil el hecho de que todas las acusaciones particulares personadas en la causa hubieran coincidido en pedir responsabilidades a las multinacionales y a un inspector de Trabajo, A.O.H.
El letrado se hizo eco de las “discrepancias” que se han podido constatar en el juicio entre diferentes peritos acerca de las causas que originaron el síndrome, si bien, matizó, que dos neumólogos del Hospital La Fe y el jefe del Instituto Nacional de Toxicología coincidieron en que la nueva formulación de un producto de Bayer “pudo ser el detonante”.
Por lo que respecta a J.L.P.G., se limitó a decir que no ha tenido “ninguna intervención” en los hechos y que en todas las empresas de aerografía había encargados, aunque “ninguno de ellos está sentado en el banquillo de los acusados”.
Por su parte, Román Román, abogado de los dos propietarios de Aeroman, V.P. y V.A., que se enfrentan a cuatro años y dos meses de cárcel, culpó tanto al Ayuntamiento de Alcoy como a la Administración autonómica de “no ayudar, tutelar y vigilar” esta empresa pese a que sabía por el proyecto de apertura realizado por un ingeniero que se dedicaría a la “estampación aerográfica manual”.
Este abogado coincidió con el anterior en que el negocio de sus clientes disponía de suficiente ventilación y de bastantes mascarillas para sus empleados y añadió que la víctima mortal del síndrome registrada en Aeroman sufría una “afección broncopulmonar anterior”.
En la sesión de este lunes también intervino Miguel Angel Garijo, abogado de uno de los dos propietarios de Aerotex y Aerografía Textil, J.M., para defender que el caso se debería haber juzgado por la vía civil y no por la penal.
De acuerdo con su informe, su cliente no puede ser acusado al mismo tiempo de un delito de “imprudencia temeraria”, que es de carácter culposo, y otro de lesiones, en el que media dolo, ya que ambos “son incompatibles.
“J.M. no incumplió ninguna norma sobre seguridad e higiene, sus naves tenían extracción de aire general, ventilación natural y mascarillas y creo que el cierre de estas empresas fue una decisión política”, apuntó.
En términos similares se pronunció José Manuel Perales, defensor de J.J.C., al sostener que diversos organismos públicos aprobaron la creación de sus aerografías porque “cumplían los requisitos legales”.
El juicio continuará este martes con los informes del letrado de otros tres procesados, a la sazón, propietarios de Aeroreig, Aeroalcoy y Aerobrix.
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