Ricard Cabedo, fiscal del caso Ardystil, mantuvo este miércoles las penas que solicitaba inicialmente para diez empresas de aerografía textil. Sin embargo, cuatro letrados de la acusación particular retiraron los cargos que imputaban a uno de ellos, J. L. P. G, encargado de la fábrica que dio nombre al síndrome.
Cabedo pidió este miércoles definitivamente para la propietaria y el encargado de Ardystil, J. L. S y J. L. P. G, condenas de seis años de prisión por delitos de imprudencia que provocaron la muerte de cinco empleados.
Aunque modificó algunos puntos de su calificación provisional de hechos, el representante del ministerio público también mantuvo una petición de cuatro años, dos meses y un día de cárcel para V.P.C. y V.A.C., dueños de Aeroman, donde se registró el sexto fallecimiento, así como de un año para J.M.M. y J.J.C.O., responsables de Aerotex y Aerografía Textil.
De igual forma, solicitó un año de cárcel para C.A.R., J.F.V.F. y E.S.M., propietarios por este orden de Aeroreig, Aerobrix y Boncolor, mientras que para M.S.E., dueño de Aeroalcoy, pidió seis meses de cárcel.
Por su parte, cuatro de los abogados de otras tantas acusaciones particulares decidieron retirar los cargos respecto de J.L.P.G., aunque se adhirieron a otra letrada de esta parte, Eva Mataix, respecto de la condena de dos años de cárcel para un inspector de Trabajo, A.O.H., al que acusan de no corregir las deficiencias tanto por acción como por omisión en las empresas de aerografía.
Los cuatro abogados mencionados también coincidieron con Mataix en ampliar la declaración de responsabilidad civil subsidiaria de las indemnizaciones al Estado, la Generalitat, las empresas químicas Bayer, Solvay e Ici, así como sus compañías aseguradoras.
Los abogados que representan a estas empresas e instituciones pidieron a la Audiencia la libre absolución de sus clientes, al igual que hicieron las defensas de los once procesados, al tiempo que mostraron sus protestas ante las modificaciones en las calificaciones definitivas realizadas por los cuatro abogados de la acusación particular.
La presidenta del tribunal de la sección tercera de la Audiencia que sigue el caso, Virtudes López, anunció que dará una solución a estas obligaciones en la sesión de este jueves que está previsto que las partes personadas en la causa comiencen la lectura de sus respectivos informes.
Previamente a la exposición de conclusiones, una empleada de la empresa Aeroreig declaró que los trabajadores de ésta disponían de suficientes mascarillas para protegerse, que nunca plantearon quejas por las condiciones laborales y que la nave donde se ubicaba la factoría contaba con extractores de ventilación.
Un representante de ICI indicó a la sala que el disolvente que fabricaba esta empresa química en Inglaterra, compuesto por el producto 1.1.1. tricloroetano, pasó todos los controles de calidad legales desde 1980, mientras que el gerente de una firma proveedora, Sipesa, aseguró que mostraba a sus clientes una tabla con diferentes grados de toxicidad de los disolventes.
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