Los costes de los accidentes recaen en todos los ciudadanos, tanto contribuyentes como consumidores. La cuestión es: ¿está la sociedad realmente dispuesta a seguir pagando este precio tan alto? Se trata, fundamentalmente, de una cuestión de voluntad política, ya que los datos económicos hablan por sí mismos: una prevención de accidentes más eficaz no sólo reduciría los costes, sino que relanzaría la productividad.No es fácil cuantificar ese coste. Según una estimación hecha por Comisiones Obreras, recogido de su documento sindical emitido en el año 2005, los costes cuantificables de la siniestralidad laboral en España, correspondientes al año 2003 son 13.085 millones de euros, más de 2 billones de las antiguas pesetas. En el año 2006 superó los 2,4 billones de las antiguas pesetas según el Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo.
A partir del momento en el que un trabajador o trabajadora sufre un accidente con baja, el Sistema tiene que afrontar toda una serie de gastos.
En primer lugar costes explícitos o internos, como la pérdida de jornadas (sobre 20,60 millones de jornadas perdidas en 2003 según el MTAS, lo que supone 1.716 millones de euros aplicando el coste/hora medio publicado por el Instituto Nacional de Estadística que es de 83,28 euros). Por otro lado la prestación de una asistencia sanitaria y la sustitución del salario a través de una prestación económica durante el tiempo que dure la baja (5.478 millones de Euros vía cotizaciones sociales por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional). Y por último el coste total que será de 7194 millones de Euros.
Estos costes ponen de manifiesto que la prevención de accidentes y enfermedades profesionales tiene un componente indiscutible de ahorro de recursos tanto al empresario como a la sociedad en su conjunto.
En segundo lugar podemos hablar de costes implícitos o externalizados, con una serie de factores a considerar como sería el coste de los accidentes y enfermedades sufridos por los trabajadores autónomos, que se estima en 1.441 millones de Euros, el 11% del total. Además estarían los costos relativos a la siniestralidad de trabajadores no declarados como tales, es decir, ese 12% de empleo que, según estimaciones sindicales, se adjudica a la economía sumergida y que supone 1178 millones de Euros.
De un lado, el personal de la administración civil del Estado afiliado a MUFACE, que están al margen de las estadísticas nacionales de siniestralidad laboral por no cotizar diferenciadamente por riesgos profesionales, se estima que supone unos 329 millones de euros. Por otro lado, y según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, se concluye que el 16% de los procesos del Sistema Público de Salud (contingencias comunes) tienen un origen laboral. Aplicando este porcentaje a los gastos sanitarios del Sistema Público de Salud se llega a 2.838 millones de euros, derivados de procesos cuyo origen laboral no es reconocido ni por empresarios ni por Mutuas y que se pagan entre todos y todas vía impuestos.
A estas cifras habría que sumar el importe total derivado de las sanciones que propuso a la autoridad laboral la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la normativa, que en 2003 fue de 111 millones de euros, según la Subdirección General de Relaciones Institucionales de la Inspección de Trabajo.
Con todo esto se llega a unas cifras millonarias, concretamente unos 13.085 millones de euros (más de dos billones de las antiguas pesetas), más del 1.7% del Producto Interior Bruto (datos a 2003).
Para la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, este porcentaje en el ámbito comunitario puede estimarse entre un 2,6% y un 3,8 % del Producto Interior Bruto. Por su parte, la Organización Internacional del trabajo (OIT) estimó para el año 2001 que el 4% del PIB mundial se perdió a causa de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo. Los costes que hacen llegar a estas estimaciones derivan de jubilaciones anticipadas y coeficientes reductores en sectores de actividad especialmente penosos, desempleo como consecuencia de daños en la capacidad laboral que si no califican para generar el derecho a una prestación económica, sí disminuyen considerablemente la posibilidad de conseguir un nuevo empleo, coste oportunidad del cuidado familiar al trabajador lesionado y pérdida de jornadas laborales para la dedicación a tal cuidado, empobrecimiento de los hogares como resultado de la pérdida de ingresos compensada parcialmente (y no en todos los casos) por las prestaciones del Sistema.Además dentro de estos parámetros podemos señalar otros costes, a los que podemos calificar de difícil cuantificación, entre este grupo de costes podemos señalar los costes resultantes de la pérdida de expectativas laborales y productivas, el sufrimiento humano y sus consecuencias sobre el individuo y su familia, y la pérdida de vidas humanas.
Dr. Ricardo Fernández García – Doctor en Ciencias Químicas, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Consejero de seguridad para el transporte por carretera
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