Alguien debería estar planificando la implantación de la nueva normativa europea de ruido. Reducir el nivel de ruido 90 a 87 dB(A), tal y como exige la nueva Directiva Europea, puede significar tener que intervenir sobre miles de puestos de trabajo y esa acción no se improvisa. Si la trasposición de la directiva se limita a la redacción de un nuevo Real Decreto y no se acompaña de políticas efectivas de implantación, probablemente asistiremos a un nuevo acto fallido de los que tanto abundan en el campo de la prevención.
El ruido es uno de los contaminantes más estudiados, mejor conocidos y para cuyo control existen disponibles un mayor número de recursos técnicos de todo tipo. No obstante, sigue siendo uno de los riesgos más frecuentes en los lugares de trabajo.
Millones de trabajadores expuestos a ambientes ruidosos
Con ocasión de una Asamblea de Delegados de Prevención de CC.OO., celebrada en Madrid el 5 de Junio de 2003, se llevó a cabo una encuesta según la cual el ruido ocupaba el tercer puesto del ranking de los riesgos laborales. Un 27% de todos los delegados allí reunidos lo señalaron como uno de los tres riesgos más importantes en su empresa. Los del sector industrial, lo señalaban claramente como el riesgo más frecuente (43%).
Los datos empíricos avalan esta percepción de los delegados de prevención. En la década de los 90 se realizaron varios estudios sobre los niveles de ruido existentes en empresas del metal, madera y textil en la Comunidad Valenciana y se pudo comprobar la frecuencia con la que los trabajadores están sometidos a niveles sonoros excesivos.
Entre 1995 y 1999, cuando se realizaron los estudios citados, la normativa que limitaba la exposición laboral al ruido (Real Decreto 1316/1989) llevaba más de 6 años en vigor y, sin embargo, se seguían encontrando niveles de ruido superiores al máximo de 90 dB(A) contemplado en ella. Ni más ni menos que un 20% de las mediciones realizadas en el sector textil y entre un 7% y un 9% en los de la madera y el metal respectivamente.
Según estos datos, y extrapolando al conjunto de la industria manufacturera a nivel nacional, podríamos estar hablando de entre 200.000 y 600.000 trabajadores expuestos a más de 90 dB(A). En caso de tomar en consideración el número de mediciones que superaron los 85 dB(A) -un nivel del que no cabe duda que representa un riesgo auditivo- estaríamos hablando de entre uno y dos millones de trabajadores. El cálculo sobre el valor que propone la Organización Mundial de la Salud de 75 dB(A) como límite de seguridad auditiva nos llevaría a cifras de expuestos verdaderamente alarmantes.
¿Cuántos miles de empresas tendrán que reducir el ruido?
Viene todo esto a cuento de que la nueva Directiva 2003/10/CE sobre ruido, que entrará en vigor a más tardar a principios de 2006, fija el límite de 87 db(A) como valor máximo admisible, lo cual va a suponer automáticamente colocar en la ilegalidad un porcentaje importante de puestos de trabajo en las empresas españolas.
¿Cuántas empresas se verán afectadas por esta medida? No lo sabemos, pero por los datos aportados más arriba podemos suponer que serán varios miles las que tendrán que modificar sus procesos tecnológicos para reducir sus niveles de emisión sonora. Rebajar a 87 dB(A) los niveles de ruido en la industria española implicará un esfuerzo importante que debería ser objeto de estudio y planificación por parte de las autoridades, empezando precisamente por estimar la magnitud de la tarea, es decir, el número de empresas y puestos de trabajo sobre los que habrá que intervenir. Los servicios de prevención deberían estar también preparándose para la nueva situación, estudiando la dimensión del problema en sus empresas y asesorándolas para los cambios que se avecinan.
Hay países en los que es habitual hacer estimaciones sobre costes, impacto o eficacia preventiva, de forma previa a la promulgación de nuevas normativas. Recientemente, sin ir más lejos, hemos conocido las estimaciones de la Agencia Norteamericana de Salud Laboral OSHA en relación con una propuesta de reglamentación sobre seguridad en espacios confinados dirigida al sector de la construcción. Son éstas: 86 millones de dólares/año de coste global; 641.000 espacios se verán afectados cada año por la norma; 900 accidentes al año, 6 de ellos mortales, podrían ser evitados.
Hacer algo similar en nuestro país, con ocasión de la nueva directiva de ruido, sería un buen síntoma. Indicaría que las autoridades, los profesionales de la prevención y los empresarios se están tomando en serio la tarea. No hacerlo significará justo lo contrario, que una vez más nos limitaremos a trasladar unas cifras al papel del BOE, sin ninguna intención de llevar a cabo mejoras sustanciales de las condiciones.
Fuentes:
García A. y cols. Estudio del ruido ambiental y sus efectos sobre los trabajadores en empresas valencianas del sector del mueble y la madera (1995).
Estudio del ruido ambiental en empresas valencianas del sector textil (1997).
Estudio del ruido laboral en empresas valencianas del sector del metal (1999). Valencia: Mutua Valenciana Levante.
Rafael Gadea – Revista Por Experiencia – ISTAS
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