Entre 40.000 y 60.000 trabajadores españoles morirán de cáncer hasta el 2030 por haber estado expuestos al amianto durante las dos últimas décadas. Las cifras son de auténtico escándalo. Pero todavía es más escandalosa la desatención y el olvido de los poderes públicos hacia las víctimas y sus familiares, en una situación explosiva que requiere la adopción de medidas urgentes de reparación e indemnización.
Hace un par de años, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las Comunidades Autónomas, puso en marcha el plan de vigilancia médica postocupacional de los trabajadores del amianto. Se presentó como una consecuencia de la prohibición del amianto en el 2002, pero de hecho este plan ya se contemplaba en el Reglamento del Amianto del 1984 y se debía haber implantado en 1987.
De acuerdo con un reciente informe sobre los resultados, unos 5.000 antiguos trabajadores del amianto han pasado por el programa en toda España. La cifra es muy baja, ya que un estudio europeo sobre exposición a cancerígenos, el proyecto Carex, considera que en nuestro país había unos 57.000 trabajadores del amianto hacia la mitad de los años 90, mientras que otras estimaciones consideran que en los últimos 40 años habrán sido unos 200.000 los trabajadores expuestos. Hay que suponer, por tanto, que existen decenas de miles de víctimas de amianto sin una cobertura sanitaria adecuada.
Una vigilancia médica con escasos hallazgos
Pero si el número de trabajadores atendidos es pequeño, más pobres son todavía los resultados en cuanto a patologías derivadas de la exposición al amianto. Sólo se han encontrado 69 casos de enfermedad pulmonar producida por las fibras de amianto (asbestosis), mientras que de los cánceres más típicamente provocados por el amianto, únicamente se han diagnosticado 12 casos de mesotelioma pleural y 8 de cáncer de pulmón.
El cáncer de pulmón puede deberse a diversos factores, entre ellos al tabaco; sin embargo, el mesotelioma pleural casi siempre se debe al amianto. Pues bien, a partir de las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística) se han contabilizado, entre 1978 y 1996, 2.955 casos de muertes por mesotelioma pleural en nuestro país, lo que viene a constituir en promedio 164 casos por año, una incidencia muy superior a la detectada por el programa del Ministerio de Sanidad. Además, las estadísticas de otros países muestran que el número de casos de cáncer de pulmón por amianto es el doble que el de mesoteliomas, con lo que puede estimarse que el total de casos de cáncer por amianto en nuestro país rondará los 400 ó 500 al año. En Francia, sólo por amianto, se reconocen anualmente 1.200 cánceres de pulmón y 750 mesoteliomas. En el Reino Unido se reconocen 1.235 mesoteliomas al año, y en Alemania 700.
Entre el olvido y la ocultación
La historia vuelve a repetirse: las víctimas del amianto son relegadas al olvido y a la ocultación. Las empresas para las que trabajaron hicieron todo lo posible por retrasar la prohibición del amianto. De hecho, la representación española para los temas del amianto ante la Comunidad Europea estuvo constituida por personal de la empresa Uralita. No en vano fue España el último país de la Unión Europea en aceptar la prohibición. Estas empresas hasta ahora no han asumido (ni voluntariamente, ni por exigencias judiciales) su responsabilidad con las víctimas del amianto. Se escudan en que cumplían con la normativa y en que se desconocían los efectos del amianto. Las pruebas apuntan a que ni lo uno ni lo otro es cierto.
Por otro lado, el Estado, una vez prohibido el amianto, trata de esquivar sus responsabilidades, poniendo toda clase de obstáculos y trabas a las víctimas cuando reclaman sus derechos y obligándolas a emprender largas y costosas reclamaciones jurídicas. El resultado es que a veces el reconocimiento de los derechos llega tarde y muchos ya no los pueden disfrutar porque han fallecido.
Recientemente una Comisión del Senado francés ha elaborado un extenso y detallado informe sobre el problema del amianto, cifrando el número de víctimas mortales entre 60.000 y 100.000 personas en los próximos 20 años, estimando los costes económicos entre 27.000 y 37.000 millones de euros para reparación de daños a las víctimas y señalando al Estado de haber faltado gravemente a sus responsabilidades. Uno de los capítulos del Informe lleva por título: “El Estado, anestesiado por el lobby del amianto”. Aquí, en España, cuando alguien insiste en el tema del amianto, le acusan de crear alarma social.
Julio A. Mañez; José María Roel – Revista Por Experiencia – ISTAS
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