A nadie le ha pasado desapercibida la noticia emitida por el Consejo de Ministros sobre el Proyecto de retrasar la edad de jubilación a los 67 años. Y en consonancia con el malestar general provocado en la sociedad española, la respuesta de CC.OO. no se ha hecho esperar, mostrando su rechazo inequívoco y sin paliativos ante la medida, considerándola “extrema e innecesaria”.
En esta misma dirección, el Sindicato ha iniciado una campaña de información contra el retraso de la edad de jubilación con el lema “Por el derecho a vivir la jubilación, No al recorte de la protección, No al retraso de la edad de jubilación”. Una campaña con la que pretendemos llegar a todos los centros de trabajo, y en la que se quiere explicar y detallar nuestras alternativas en materia de pensiones, que pasan por “reforzar los mecanismos voluntarios de jubilación gradual y flexible, tanto para anticipar, como para retrasar la edad de jubilación, hasta la separación de fuentes para que se deje de pagar con las cotizaciones los gastos de estructura de la Seguridad Social”.
De las repercusiones que tiene la edad de jubilación en la salud de los trabajadores y trabajadoras se ha hablado largo y tendido. Y aunque aún a día de hoy, la comunidad científica no alcanza un consenso sobre dichas consecuencias, ya que si bien existen estudios en los que se concluye que el abandono del puesto de trabajo se traduce en una mejora significativa e inmediata en el estado de salud en general y que rejuvenece entre ocho y diez años; por el contrario contemplamos otros que corroboran que la jubilación, y sobre todo las prejubilaciones, afectan negativamente a la salud, produciéndose en muchos de los casos depresión y ansiedad. A pesar de dichas discrepancias, lo cierto es que únicamente un 5% de los trabajadores con más de 65 años sigue en activo de manera voluntaria, mientras que son casi 4 de cada 10 trabajadores los retirados antes de los 65 años en España hasta noviembre de 2009.
Las cifras hablan por si mismas. Y es que el retraso en la edad de jubilación lleva aparejado otra serie de inconvenientes no siempre tomados en consideración.
El aumento de la siniestralidad y del número de incapacidades temporales es consecuencia directa de la progresiva pérdida de las capacidades auditivas y visuales, pues lógicamente los reflejos y la capacidad de reacción son más lentas. Un estudio elaborado recientemente por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sobre las principales causas de mortalidad por accidente de trabajo en España durante los años 2005, 2006 y 2007, concluye que los trabajadores mayores de 55 años están ligeramente sobrerepresentados en la siniestralidad mortal. Los trabajadores comprendidos en esta franja de edad y pertenecientes a los sectores Agrario, Servicios y Construcción han sufrido proporcionalmente más accidentes mortales que los jóvenes, siendo este último sector el que se lleva la palma. Por otro lado, son coincidentes y numerosos los estudios que establecen una relación directa entre la mayor edad del trabajador y un periodo más prolongado de incapacidad temporal y mayor gravedad de los accidentes.
Con independencia de todos los estudios que hemos detallado, lo que ha quedado claro es que en la medida proyectada por el Gobierno, en modo alguno se ha tenido en cuenta el factor salud. Desde un punto de vista ya no sindical, sino lógico, el Ejecutivo debería haber llevado a cabo un planteamiento más flexible, tomando en consideración la ocupación, el esfuerzo físico o el estado de salud del trabajador. Es evidente, en palabras de la propia Ministra de Economía, Elena Salgado: “No es igual, tal vez, el jubilarse en un puesto administrativo que en un puesto de un sector o de unas características especiales”, alegando que “Esta propuesta puede ser matizada en el sentido de que no todos los trabajos tienen la misma penosidad”.
En esto sí vamos a tener que dar la razón a la Ministra; no se puede cortar por el mismo patrón a un trabajador de la limpieza, un soldador o alguien que presta sus servicios subido en un andamio, por ser actividades que requieren unos condicionantes físicos superiores a las de un dependiente de comercio o un profesor universitario.
Por ello desde el sindicato entendemos que la solución pasa por un sistema de jubilación flexible y gradual, que permita atrasar el retiro en unos casos y adelantarlo en otros. En la propia negociación colectiva se recoge que aquellos trabajos que comporten una mayor peligrosidad, y aquellos en los que se necesite una determinada fortaleza física, se establezca una edad de jubilación por debajo de los 65 años.
Los argumentos sindicales para hacer valer esta demanda se fundamentan en el Artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, que establece la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y tengan elevados índices de mortalidad. La pregunta que nos surge ahora es: ¿Cuáles son estos sectores? y ¿Hasta cuándo?…
Secretaría de Salud Laboral de Castilla y León – Boletín BOICCOOT nº 66
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