Desde muy distintos ámbitos se viene poniendo de manifiesto el recorte presupuestario que las empresas están aplicando a las actividades preventivas. Recorte que en el caso de los servicios de prevención ajenos está provocando la cancelación de contratos, la práctica eliminación de acciones concertadas y la relajación de las políticas preventivas en la empresa. El momento es tan crítico que podría comprometer la pervivencia de muchas de las sociedades de prevención, que en su día se segregaron de las mutuas.
La situación está provocando una crisis tan importante en el sector de los servicios de prevención ajenos (SPA) que muchos de ellos han cerrado sus puertas o en la práctica han dejado de funcionar. Seguramente el sector estaba sobredimensionado y más tarde o más temprano hubiera debido racionalizarse en número y tamaño. Los cerca de 700 SPA acreditados eran excesivos y su estructura demasiado débil para poder desarrollar su actividad preventiva con unas mínimas condiciones de calidad.
La necesidad de llevar a cabo una política de fusiones y concentración de entidades preventivas ha venido siendo planteada por muchas y plurales voces. Ahora bien, este proceso no implicaba –ni implica– que sobren profesionales ni que la demanda de atención preventiva especializada de las empresas estuviera sobredimensionada. Bien al contrario, lo que ha existido en todos estos años es una demanda raquítica por parte de las empresas, dado que la mayor parte de ellas se ha limitado a practicar una prevención burocrático-defensiva consistente en tener los papeles preparados para hacer frente a los requerimientos de la autoridad laboral, sin que detrás de eso –o más allá– se desarrollaran las acciones de mejora continua que exigiría una prevención de riesgos orientada a mejorar las condiciones de trabajo y la salud de las personas. Es cierto que esta falta de demanda empresarial se ha visto alimentada por unas prácticas profesionales que no han sabido –ni saben- actuar de dinamizadoras de la prevención, con implicación y cercanía a las necesidades de las empresas.
Al final, lo que ha sucedido es que, con el paso de los años, los SPA se han visto atrapados en su propia trampa. Al limitarse a actuar como “gestorías de documentación preventiva” en vez de como consultorías orientadas a la mejora continua de la salud de los trabajadores, han sido incapaces de consolidar una demanda sostenible. Así, el cliente que en un principio se avino a pagar por una evaluación de riesgos o un plan de prevención, se ha ido mostrando cada vez menos dispuesto a seguir cotizando por nuevas ediciones de los mismos informes con ligeros retoques.
Más de la mitad de las sociedades de prevención en situación crítica
La situación está generando una fuerte y generalizada crisis en las sociedades de prevención que fueron segregadas financiera y legalmente de las mutuas desde el año 2006. La segregación de las sociedades de prevención implicó su autonomía y el fin de su financiación con cargo a las cuotas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Esto que, en principio, fue apoyado de manera generalizada para evitar el llamado dumping preventivo (abaratar o regalar la prevención por parte de las mutuas para hacerse con lo que interesa económicamente, el aseguramiento de las contingencias profesionales), puede acabar generando efectos muy negativos que no se tuvieron en cuenta en ese momento.
Las sociedades de prevención dan empleo a alrededor de 10.000 personas, en su mayor parte técnicos de prevención y profesionales sanitarios. Sus condiciones de trabajo y salariales, sin ser óptimas, son bastante mejores que la de los trabajadores del sector de los SPA. En principio, cabía esperar que el conocimiento y la relación que tienen con la empresa cliente, dada su adscripción mutual, las hiciera más aptas y eficaces para impulsar la prevención, atender las necesidades de las empresas y favorecer la implicación del empresario. La experiencia muestra que estas potencialidades no se han desarrollado de manera generalizada. Sus prácticas preventivas no se han diferenciado, en lo sustancial, de la actividad profesional del resto de los SPA.
Ahora están en crisis y, por más que se niegue, en el futuro pueden peligrar muchos puestos de trabajo. Según nuestros datos, al menos 12 de las 19 sociedades de prevención existentes están en una situación verdaderamente crítica.
Las sociedades de prevención no pueden capitalizarse si no es recurriendo a aportaciones de la mutua a la que pertenecen, pero el dinero no puede salir más que del propio patrimonio histórico, previa autorización por parte de la Seguridad Social, lo cual no es fácil. Tiene que asegurarse la existencia de un plan de viabilidad futuro, de lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana, pero también debería exigírseles un liderazgo en la apuesta por la calidad de la prevención que se está haciendo por el conjunto de los agentes sociales y las instituciones.
La opción de privatización y venta que algunos están barajando, encontraría la oposición de los trabajadores y de los sindicatos. Por razones laborales, pero sobre todo, conceptuales. El sistema de aseguramiento (de las contingencias profesionales) tiene que estar relacionado con el sistema preventivo. Uno tiene que retroalimentar y favorecer al otro. Evitar “usuarios” al sistema de aseguramiento es cosa y responsabilidad del sistema preventivo. Con ello ganamos todos. Los trabajadores y trabajadoras que ven preservada su salud y la sociedad que evita costes económicos y sanitarios.
El sistema de mutuas que tenemos en España no tendría sentido si sólo se ocupara de pagar prestaciones y atender sanitariamente. Lo uno lo puede hacer el Instituto Nacional de la Seguridad Social y lo otro, el Sistema Nacional de Salud. Ambas cosas seguramente las harían igual o mejor y sin generar las suspicacias en los trabajadores por la dependencia empresarial de las mutuas. La única peculiaridad de las mutuas es que, además, hacen prevención. Si dejaran de hacerla, habría que abrir el debate sobre el sentido de su existencia.
Hay opciones distintas buenas para la prevención y para la Seguridad Social. Se trata de discutirlas entre todos y acordarlas. Las microempresas necesitan apoyo y asistencia técnico-preventiva para la que no disponen de recursos internos ni de capacidad. La Estrategia Española de Salud y Seguridad contempla darles apoyo público. Quizás por esta vía habría fórmulas para encontrar las mejores soluciones para todos los grupos de interés: empresarios, trabajadores, administración, mutuas, sociedades de prevención, profesionales, sindicatos.
Lo que está claro, a día de hoy, es que ya no es posible buscar soluciones ni actuar con la opacidad con la que los gobiernos anteriores y las mutuas han gestionado y decidido todo lo que afectaba a estas instituciones. El debate público, la luz y los taquígrafos, son imprescindibles. Demasiado tiempo las mutuas han escapado al control social y democrático a pesar de que gestionan 10.000 millones de euros de cotizaciones de la Seguridad Social y las prestaciones sociales y sanitarias de más de 13 millones de trabajadores y trabajadoras.
Hoy las mutuas están bajo el foco de la sociedad y el Gobierno responde de cómo gestionan y actúan. También, por cierto, el Tribunal de Cuentas y los tribunales de justicia, con los efectos conocidos y las graves consecuencias para su imagen y solvencia. Los sindicatos son conscientes de su función y ejercen un control y opinión que necesariamente han de ser tenidos en cuenta ya que representan a los usuarios y beneficiarios del sistema y también a los miles de personas que en ellas trabajan. Pensar, en el siglo XXI, que el modelo mutual se puede sostener con la oposición de los sindicatos es no saber cómo funciona la democracia, el Estado social y las relaciones laborales. La resolución de la crisis de las sociedades de prevención ha de tener en cuenta todos estos elementos sino se quiere poner en grave crisis todo el modelo.
Fernando Rodrigo – Revista Por Experiencia – ISTAS
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