La presidenta regional quiere volver a los tiempos en que el profesor era una figura respetada por los alumnos. Y lo intentará a golpe de ley: Aguirre anunció ayer martes, en el debate sobre el estado de la Región, que su Gobierno prepara una ley para conceder al profesorado la condición de “autoridad pública”.
Al estar reconocidos bajo esta figura, estarán blindados contra las agresiones (físicas o verbales) que reciban por parte de los alumnos y gozarán de presunción de veracidad, es decir, su palabra tendrá prevalencia sobre la de los chavales. En definitiva, tendrán el mismo estatus que un policía o un juez.
A partir de su aprobación el próximo curso, los adolescentes tendrán que tener cuidado con el trato a los maestros. Si les agreden o amenazan cometerían un atentado contra la autoridad, delito tipificado en los artículos 550 y 551 del Código Penal.
Según estos artículos, quienes “empleen fuerza [contra la autoridad pública], los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa”, pueden ser castigados con penas de dos a cuatro años de cárcel y multa de tres a seis meses. La Fiscalía ya recomendaba desde 2008 que los profesores fueran considerados de esta forma, pero seguía dejando la decisión en manos del juez. Con esta ley, ya no depende de la interpretación personal de cada magistrado.
Madrid no es la primera autonomía en proponer una norma similar. El Decreto de Convivencia de la Comunidad Valenciana ya dio esta protección a los profesores en 2008, mientras que la Ley de Educación de Cataluña (aprobada en julio) se la concedió a los directores de escuela.
En Madrid se aplicará a todo el profesorado de los centros públicos y “se estudia la viabilidad de extenderlo a los privados y concertados”, según fuentes de Educación. Entre las medidas para reforzar la autoridad en los colegios, la presidenta propuso ayer elevar la mesa de los docentes sobre un estrado para infundir respeto entre los alumnos.
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