Eduardo Zaplana, presentó hoy al Consejo de Ministros un informe sobre el acuerdo alcanzado el pasado 30 de diciembre entre Gobierno, patronal y sindicatos para luchar contra la siniestralidad laboral.
El acuerdo, que contempla modificaciones normativas y nuevas iniciativas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha producido dos meses y medio después de que se reanudara la mesa de diálogo sobre prevención de riesgos laborales, en la que están presentes las tres partes.
El titular de Trabajo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo que el acuerdo deberá ser refrendado en el Pleno de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que se convocará próximamente, para recibir el visto bueno por parte de las comunidades autónomas. No obstante, Zaplana adelantó la predisposición de los gobiernos regionales a suscribir este plan contra los accidentes laborales.
Según señaló el ministro, el acuerdo ha dado especial relevancia a las iniciativas relacionadas con la Seguridad Social, con la creación de un consejo tripartito cuya misión será la de formular propuestas para su incorporación en el Plan General de Actividades Preventivas desarrollado por la Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Dentro de este paquete de acciones, se incluye además el desarrollo de un programa específico para la formación en prevención de riesgos de trabajadores y empresarios, que será llevado a cabo por las Mutuas, en colaboración con los agentes sociales.
El acuerdo contempla asimismo la modernización de las Mutuas de Accidentes, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales. Con este objetivo, se abrirá en el primer semestre del año un proceso de “reflexión” sobre su papel en la gestión de las bajas, a fin de adaptar sus estructuras a sus nuevas funciones.
Menos cotizaciones para las empresas más aplicadas
El texto alcanzado recoge la implantación a lo largo de este año de una nueva tarifa de cotización por accidentes de trabajo, cuyo objeto es adecuar la cotización empresarial a la siniestralidad de la empresa y del sector. Asimismo, se introducirá también este año el llamado sistema bonus-malus, por el que se reducirán las cotizaciones por accidente a las empresas con menor volumen de siniestralidad y, por el contrario, se incrementarán en aquellas con mayor índice de siniestros laborales.
El acuerdo desarrolla un nuevo sistema de información de accidentes de trabajo, denominado Plan Delta, con el que se implanta la transmisión electrónica de los partes de accidentes laborales y se incluye más información de la proporcionada hasta ahora.
Para mejorar las actuaciones de control de la Inspección de Trabajo, el acuerdo refuerza sus tareas de vigilancia, con más funcionarios y la incorporación de los técnicos de Seguridad e Higiene en el trabajo de cada comunidad autónoma como colaboradores especializados, lo que supone un incremento de 700 nuevas personas a dichas funciones.
Se realizarán planes de actuación preferente en las empresas de elevada siniestralidad, impulsando la continuidad de los planes de choque que se iniciaron en 2000.
Modificaciones normativas antes de 30 de junio
Según reseñó Zaplana, las modificaciones legales derivadas de este acuerdo serán aprobadas por el Gobierno, previa consulta con las partes firmantes, antes del 30 de junio de este año.
Dichas medidas, que se estructuran en dos bloques, pretenden integrar la prevención de riesgos laborales en las empresas, para lo que se modificará la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la ley de Infracciones y Sanciones, a fin de multar a aquellas compañías que no cumplan con su obligación de desarrollar planes preventivos. Asimismo, se realizarán las reformas normativas necesarias para obligar a las empresas con actividades peligrosas o de especial riesgo a designar a uno o varios trabajadores como responsables en materia de seguridad y riesgos laborales.
Se reformará también el Reglamento de los Servicios de Prevención para mejorar la eficacia de las auditorías que, sobre este materia, lleva a cabo el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo o el organismo equivalente de cada comunidad autónoma.
El acuerdo contempla el inicio de un proceso de diálogo entre los agentes sociales durante el primer trimestre de 2003 para elaborar un texto que desarrolle reglamentariamente el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre coordinación de actividades empresariales y regulación de las subcontratas.
Durante su intervención, el ministro destacó que este acuerdo, el decimoquinto que alcanza el Gobierno del PP con los interlocutores sociales, ha sido posible gracias a la voluntad “inequívoca” de las partes y al diálogo social, del que dijo que “es, ha sido y será la piedra angular” de la política del Ejecutivo de José María Aznar.
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