El consumo de petardos se dispara en la provincia a raíz de las fiestas de agosto. El uso de fuegos de artificio sólo requiere de una autorización previa de la Subdelegación del Gobierno cuando se rebasan los 50 kilogramos de pólvora. En el resto de casos, la responsabilidad es de quien los dispara, muchas veces un aficionado.
La Subdelegación del Gobierno autoriza o deniega el uso de artificios pirotécnicos, y la Guardia Civil ejerce el posterior control en la ejecución de estos espectáculos. Pero, como indican desde la pirotecnia Carmina Baldayo, “los cohetes de urbanizaciones y pueblos no exceden los 50 kilos, por lo que no es necesario pedir autorización a la Subdelegación”. Por ejemplo, los cohetes voladores, que causaron el siniestro de la Marjalería, son de la clase 2 y tienen, como máximo, 10 gramos de masa explosiva.
Desde la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa recordó que los establecimientos encargados de la venta de estos productos deben disponer de autorización. Velar por el correcto etiquetado de los productos y respetar las instrucciones sobre su uso es esencial para evitar riesgos.
Además, hay un límite de edad de uso en función del contenido de pólvora del producto y su potencial destructivo. Los cohetes de clase 2 pueden ser usados a partir de los 14 años, los de clase 3, a partir de 18, y para los de clase 1 no hay límite de edad.
Con todo, la mayoría de accidentes que se producen son fruto de la negligencia, reconocían desde Pirotecnia Martarello. “A veces la gente no tiene en cuenta el peligro. Yo a mis clientes les aviso de que no tiren un masclet teniendo la bolsa de petardos al lado, porque la chispa puede provocar el estallido del resto. Si siguen las instrucciones no tiene por qué pasar nada”, indican desde Martarello.
El alcalde de Oropesa, Francisco Garrido, reconoce la tradición de algunas comunidades de propietarios de celebrar las fiestas de agosto con el disparo de cohetes. “A las comunidades de propietarios cercanas a la montaña les pedimos que no tiren cohetes en la zona por el riesgo de incendio y lo respetan”. Asimismo, “aunque no sea una mascletà o un castillo, como es pólvora, pedimos que tengan cuidado, porque están ocurriendo desgracias”.
Piden a la Generalitat más prevención
Los partidos de la oposición pidieron ayer a la Generalitat Valenciana que refuerce las políticas de prevención y formación para evitar los incidentes que ocurren en los municipios de la Comunidad durante las fiestas patronales.
Los responsables del PSPV-PSOE y Esquerra Unida (EU) coincidieron que la falta de una política de prevención adecuada es una de las circunstancias que favorecen incidentes como los producidos en Benidoleig y Castellón.
El secretario de Administraciones Públicas del PSPV, Antoni Such, afirmó que la Generalitat Valenciana “adolece de una política de formación, prevención e inspección pirotecnia” y le exigió que trabajen en este sentido para que la utilización de la pólvora “no cause más dolor a las familias valencianas”. En este sentido, emplazó a los responsables del Consell a que colaboren con los empresarios de la industria pirotécnica para evitar que se repitan situaciones como las ocurridas durante este fin de semana.
Endurecimiento de la normativa de uso
El propio conseller de Sanidad, Serafín Castellano, se ha mostrado partidario de endurecer la normativa sobre uso de la pólvora. Así, indicó que aunque es tradicional el uso de la pólvora en la Comunidad Valenciana, quizá “haya llegado el momento de atar más corto la normativa sobre su uso”. Fuentes de la Conselleria de Justicia matizaban ayer, sin embargo, que la competencia sobre la regulación del uso de material explosivo, en que se enmarca el de artificios pirotécnicos, corresponde al Gobierno y que, de momento, la Generalitat no tiene competencias sobre el mismo. Actualmente el manejo y tratamiento del material pirotécnico está regulado por el real decreto 230/98 que aprueba el reglamento de explosivos.
Asimismo, la Conselleria de Industria, que tiene potestad sobre la fabricación, ha recibido este año proyectos por valor de 77 millones de pesetas para beneficiarse de las ayudas concedidas a la prevención de riesgos laborales en minería y pirotecnia.
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