El secretario general de UGT-PV, Rafael Recuenco, exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé “escarmientos” a los empresarios de la construcción que incumplen las medidas contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Recuenco hizo estas declaraciones al término de la asamblea celebrada por el sector del Metal, Construcción y Afines (MCA-UGT) en la sede del sindicato en Alicante, con motivo de la celebración del centenario de esta sección. Calificó de “escandaloso” el incremento de los accidentes mortales registrados en los últimos meses, sobre todo durante el verano, y sostuvo que es “indigno” que en el año 2003 todavía “mueran” operarios en su puesto de trabajo, sobre todo inmigrantes y jóvenes contratados de forma precaria.
Acusó de “hipocresía” tanto a la patronal de la construcción y como al Gobierno presidido por Camps, y con respecto a éste último le emplazó a que ofrezca “respuestas” y a que deje de “mirar hacia otra parte” cada vez que se registra un nuevo accidente mortal.
“El Gobierno o asume que la Inspección de Trabajo debe actuar centro por centro y de incógnito, o este problema tendrá muy mala solución”, advirtió Recuenco antes de añadir que el Consell “debe dotar de medios” a la citada inspección para que pueda actuar con eficacia.
Asimismo, abogó para que los responsables de la Generalitat dejen de limitarse a realizar “declaraciones” cada vez que se produce un accidente y pasen a dar instrucciones a la Fiscalía para que actúe contra las empresas que incumplen la normativa en este tipo de casos.
Por su parte, el secretario general de MCA-UGT, Conrado Hernández, puntualizó que si la Generalitat no detiene el aumento de la siniestralidad laboral con acciones concretas, el sindicato no descarta, entre otras medidas de presión, convocar una huelga general del sector.
Asimismo, Recuenco también se refirió a los datos conocidos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan que en el tercer trimestre del año hay 10.100 desempleados más que en 2002, y comentó que son “negativos” y que confirman que el PP “no hace los deberes desde el punto de vista económico”.
En su opinión, la EPA refleja que, económicamente, “se fía todo a la construcción y al ladrillo” y que las exportaciones y el consumo interior sufren dificultades debido a los bajos salarios.
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