El Gobierno obligará por ley a cada empresa a implantar un plan de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de frenar los accidentes de trabajo. Así consta en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que el Ministerio de Trabajo presentó hoy a sindicatos y empresarios, en cumplimiento del acuerdo contra la siniestralidad laboral suscrito por las tres partes el pasado 30 de diciembre.
En dicho acuerdo, que incluye también la reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, el Gobierno se comprometía a aprobar la reforma de estas dos leyes antes del 30 de junio, previa consulta con sindicatos y empresarios.
El anteproyecto, que fue presentado a los agentes sociales en el marco de la Mesa de Salud Laboral, también contempla la obligatoriedad de las empresas con actividades peligrosas o de especial riesgo a designar a uno o varios trabajadores como responsables en materia de seguridad y riesgos laborales.
Asimismo, el borrador incluye medidas para favorecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de empresarios, promotores de obras, entidades formativas y auditoras.
El texto incorpora una nueva redacción sobre las infracciones a aplicar en esta materia para combatir el cumplimiento “formal” de las obligaciones preventivas, de tal forma que éstas habrán de llevarse a cabo según lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos.
Además, el anteproyecto atribuye funciones de asesoramiento y comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas a los funcionarios de las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de la prevención. Estos funcionarios, unos 800, se coordinarán con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según el Ministerio de Trabajo, con estas reformas se equilibran dos bloques de medidas. Por un lado, las dirigidas a integrar la prevención de riesgos laborales en las empresas, a facilitar una actividad preventiva programada y a lograr un mayor control de los riesgos en situaciones de peligrosidad. Y por otro, las encaminadas a garantizar el cumplimiento de la ley mediante los órganos de control público, una mejor utilización de los recursos y una mejor definición de las conductas infractoras.
Sindicatos: reformas normativas sólo son un paso
Desde CC.OO. y UGT se considera que la reforma del marco normativo es sólo un primer paso, ya que aún quedan algunas cuestiones pendientes contenidas en el acuerdo contra la siniestralidad que todavía no han sido desarrolladas.
En declaraciones a Europa Press, los responsables de Salud Laboral de CC.OO. y UGT, Joaquín Nieto y Dolors Hernández, respectivamente, subrayaron que con este anteproyecto el Gobierno ha procedido a dar cumplimiento a lo pactado el pasado 30 de diciembre, ajustándose al contenido del acuerdo.
No obstante, y pese a valorar de forma positiva el texto presentado por el Ejecutivo, Nieto y Hernández recordaron que hay partes del acuerdo que suscribieron que aún no han visto la luz y sobre las que pesa la necesidad de cerrar acuerdos cuanto antes.
Entre otras, citaron el desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, relativo a la regulación de la subcontratas, la reforma de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y la actualización del cuadro de enfermedades profesionales.
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