El Ministerio de Trabajo ha decidido unir la futura cotización de los autónomos, para cubrir el cese involuntario de actividad, a la de accidente profesional, según el proyecto remitido a Economía para su supervisión. El texto será negociado con los emprendedores. Algunos reclaman una prestación media de 630 euros al mes. La medida -todavía lejos de ser una realidad- beneficiará, en principio, a 830.000 autónomos (530.000 pagan voluntariamente por contingencias profesionales y 300.000 de manera obligatoria, debido a la actividad que desarrollan).
El proyecto refleja que se fijaría una cuota nueva -entre uno y dos puntos- a aplicar inmediatamente a los autónomos que aportan por accidente y enfermedad laboral. Habría un periodo de tiempo en el que los emprendedores pagarían sin recibir la prestación de paro.
Esta protección constituye una novedad del Estatuto del Trabajo Autónomo, vigente desde 2007. Su aplicación es compleja y el Ministerio ha optado por una fórmula mixta. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales Autónomos (UPTA) apostaban por un sistema público y obligatorio, idea no compartida por la Federación Española de Autónomos (CEAT).
El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, explicó que defendía la obligatoriedad por «razones financieras», pero si un mecanismo voluntario «permite mantener la prestación, lo consideraremos bueno». A su juicio, el periodo oportuno de carencia sería de un año, transcurrido el cual el trabajador cobraría «dos o tres meses». La cuantía debería equivaler al 70% de la cotización media, situada en 900 euros al mes, es decir, rondar los 630 euros.
Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, la fórmula de Trabajo es correcta, pero remarcó que «hay temas por los que la Federación no pasará». Sus exigencias son: duración mínima de la prestación de tres meses y equiparación de la jubilación anticipada de los emprendedores a la de los asalariados. La Federación comparte con UPTA cuál debe ser el importe a percibir. Otra demanda es que las circunstancias de la crisis sean «consideradas causas objetivas en el cese de actividad».
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