El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se mostró esperanzado en que la estrategia española de seguridad y salud laboral para el periodo 2007-2011, que espera llevar al Consejo de Ministros la próxima semana después del acuerdo alcanzado con los agentes sociales, reduzca en más de un 25% la incidencia de los accidentes en el medio laboral en los próximos años.
Interpelado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en el Senado, Caldera afirmó, no obstante, que la lucha contra la siniestralidad vive “un momento crucial” ante la que espera será la “aplicación inmediata” de la estrategia acordada esta semana con los agentes sociales, de la que ya sólo quedan, dijo, “unos flecos por concretar”. Así, en “fechas próximas se presentará un texto definitivo para su aprobación por la Comisión Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por otro lado, el ministro de Trabajo afirmó que el Gobierno está reforzando la actuación de la Inspección de Trabajo de forma que el número de efectivos de este organismo alcanzará los 2.000 en 2008, cumpliéndose así los objetivos de legislatura del Gobierno al respecto, que se propuso elevar en 400 los 1.600 existentes al inicio de la misma.
Aseguró se está dando una “evolución esperanzadora de los datos sobre siniestralidad” y “un cambio de tendencia” como demuestra el hecho de que ésta cayera un 2,8% en 2006, y hasta un 4,9% en el caso de la construcción, de forma que la reducción global desde 2004 ha sido del 8,5% y del 19% en el caso de los accidentes mortales.
Asimismo, reconoció que la precariedad es un “problema serio” por su relación directa con la siniestralidad, pero se mostró esperanzado en la buena evolución de la reforma laboral, en vigor desde julio del pasado año, especialmente de las medidas encaminadas a impedir el encadenamiento indebido de contratos temporales.
Durante su intervención, Caldera realizó un repaso a las más de cien medidas previstas en la estrategia de seguridad y salud en el trabajo, que constará, según aseguró, de ocho grandes objetivos organizados en dos grupos: prevención de riesgos laborales en la empresa privada y políticas públicas.
Para la consecución de estos objetivos se contempla un sistema de bonus-malus por el que se dará una reducción de cotizaciones sociales a las empresas con menores niveles de siniestralidad.
Asimismo, el texto contempla programas específicos de seguimientos de actividades con mayores niveles de selectividad o un plan de renovación de equipos de trabajo obsoletos.
Además, las empresas con equipos de prevención propios tendrán deducciones en las cotizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se facilitará la contratación por parte de las empresas de personal dedicado a la prevención de riesgos laborales.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), Joan Joseph Nuet, consideró que las actuales cifras de siniestralidad son “excesivamente graves y preocupantes”, por lo que instó al Ministerio a “redoblar esfuerzos”. Además, recordó que este fenómeno “no es sólo un drama humano, sino también un drama económico en términos de productividad”.
Nuet solicitó “con urgencia” que el Gobierno fije una fecha para que sean transferidas las competencias en inspección de trabajo en Cataluña al gobierno autonómico en cumplimiento del mandato al respecto del Estatuto de Cataluña.
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