El director general de Trabajo, Antonio Lorenzo, anunció ayer que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales reducirá de 1.700 a 600 el número de empresas sobre el que la inspección de trabajo actúa con mayor intensidad. De este modo, el conocido como Plan 1.700 pasa a ser el Plan 300, que tendrá una aplicación provincial.
Las 300 empresas que registren mayor grado de siniestralidad laboral en cada una de las provincias canarias recibirán una atención especial de la inspección de trabajo, que intentará controlar así los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborares, según afirmó Lorenzo durante las jornadas El papel de la inspección de trabajo y Seguridad Social, inauguradas ayer por el presidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, y el secretario de Trabajo, Juan Chozas y que se prolongarán durante el día de hoy en la isla de Lanzarote.
El responsable de Trabajo del Gobierno de Canarias aseguró que “pese a la reducción en el número de empresas se va a conseguir el mismo efecto, que en definitiva es que se corra la voz de que los incumplimientos se pagan”.
Balance anual
En 2000, se produjeron en el Estado 1.100 muertes derivadas de accidentes laborales de las que un total de 68 correspondieron a accidentes de trabajo sufridos en el Archipiélago canario. La ventaja de reducir el número de empresas de este plan de inspección intensiva es que “los técnicos pueden abordar otras cuestiones de gran importancia que también ayudan a reducir el número de accidentes de trabajo”, indicó el director general de Trabajo. Una labor que la Dirección General de Trabajo quiere cubrir con los efectivos que la reducción del Plan 1.700 deja libre es un chequeo a todas las mutuas y servicios de prevención de riesgos ajenos que actúan en Canarias.
Estas entidades son las que contrata cada empresa para elaborar la preceptiva evaluación de riesgos que deben tener todos los centros de trabajo según consta en la Ley de Prevención. El Instituto Canario de Seguridad Laboral ha solicitado a las mutuas y a las empresas de servicios de prevención de riesgos y documentación sobre la actividad que han realizado, de tal forma que evaluarán los servicios para elaborar un estudio cuyos resultados esperan tener en unos tres meses.
La Provincia - Diario de las Palmas
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