La muerte de un trabajador rumano el martes, aplastado por un ascensor, destapó las condiciones de semiesclavitud en las que vivía junto con otros compatriotas en el edificio donde estaba realizando unas labores de reforma en el distrito de Ciudad Lineal.
Según indicó ayer la secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ni el fallecido, ni otros diez trabajadores inmigrantes – naturales de Rumania y Polonia- que formaban parte de la cuadrilla tenían contrato de trabajo. Al parecer, la víctima ejercía de capataz y, según las primeras investigaciones de la Policía Judicial había sido subcontratado por Alexander Smith, del que todavía no se sabe si forma parte de una empresa o es un trabajador autónomo. No obstante, Smith también habría sido subcontratado por una sociedad mercantil de la que todavía se desconoce el nombre. UGT anunció ayer que se personará como acusación particular contra la empresa en el juicio que se celebre por este accidente, por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró que se abrirá una investigación inmediata y que la Inspección de Trabajo ya ha tomado «cartas en el asunto». Asimismo, el ministro garantizó que se depurarán todas las responsabilidades, «incluso las penales».
La secretaria de Salud Laboral de UGT se puso en contacto ayer con la consejera de Empleo de la Comunidad, Paloma Adrados, para solicitarle protección para la mujer de fallecido que se encuentra en una situación de total desamparo, embarazada y con un niño de dos años. Tras la conversación, Adrados se comprometió a mantener una reunión con el sindicato en la segunda semana de septiembre.
Por otro lado, dos de los trabajadores rumanos que vivían en la obra y no tienen donde ir, serán trasladados el viernes a un centro de Cruz Roja.
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