Los Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) estiman que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Intervención General del Estado (Igae) pierden más de 2.500 millones de euros anuales como consecuencia de la pérdida de productividad y el coste directo de bajas laborales, provocados por los altos niveles de mobbing existente entre sus funcionarios.
Gestha indica que, según un estudio encargado por este colectivo al Gabinete Cisneros realizado con 4.200 funcionarios de la AEAT y la Igae, el 21% de los mismos padece mobbing y casi el 10% presenta el síndrome del quemado, con síntomas de baja realización profesional en el 61% de los casos y despersonalización en sus relaciones, en el 20% de los encuestados.
El estudio denuncia la existencia de un “evidente deterioro” del clima laboral en el seno de ambos organismos dependientes del Ministerio de Hacienda, ya que casi el 84% de estos funcionarios no se siente motivado en el desempeño de su trabajo, y un 64% reconoce trabajar en un ambiente “difícil”, marcado por el “individualismo, la competitividad, la envidia o los prejuicios”.
Las conclusiones del informe apuntan que esta situación de descontento profesional que atraviesa el colectivo de técnicos de Hacienda se agrava por la falta de definición legal de sus funciones (así lo considera el 90% de los encuestados) y la falta de claridad para su desempeño (48%). En concreto, tres cuartas partes de los técnicos aseguran realizar tareas propias de los funcionarios superiores sin supervisión.
Además, nueve de cada diez técnicos de Hacienda se siente “insatisfecho” con el sistema de promoción hacia los cuerpos superiores, mientras que siete de cada diez echa de menos cursos de formación y actualización de la función técnica.
Por todo ello, Gestha considera necesario que se habilite a más de 8.000 técnicos financieros para realizar las liquidaciones e inspecciones, así como las funciones aduaneras, de recaudación tributaria y control de las subvenciones y auditorías al sector público, con el fin de lograr una reducción significativa del fraude fiscal, que según el colectivo, alcanza en España el 23% del PIB.
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