El segundo accidente mortal en las obras de la línea del AVE entre Lérida y Tarragona, ocurrido el lunes, despertó ayer la alarma entre los sindicatos UGT y CCOO, que coincidieron en reclamar un mayor control de las empresas y más rigor al aplicar las medidas de seguridad.
La última víctima es Fernando Martos Maldonado, un trabajador de 54 años de la firma subcontratada Margila SL, que falleció en Montblanc (Tarragona) al precipitarse desde un viaducto a 13 metros de altura. El día 17, en Vinaixa (Lérida), murió otro operario, también al caer desde 20 metros.
Las primeras investigaciones apuntan a que Fernando Martos pudo haber soltado el arnés que le sujetaba para acercarse a una estructura en lo alto del viaducto. El juzgado de Valls ha abierto una investigación sobre el caso.
Ritmo de producción
“Se exceden los horarios porque hay que cumplir con los plazos establecidos, y ello comporta muchos riesgos”, manifestó Benjamí Monterde, responsable de la Federación de Construcción de CCOO en Cataluña. Este sindicato citó como elementos que disparan el peligro la prolongación de la jornada, los elevados ritmos de producción, la eventualidad laboral y la subcontratación en cadena.
El ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), encargado de la obras, aseguró que “todos los sistemas de seguridad estaban a disposición de los trabajadores”. El GIF hizo referencia a un convenio suscrito con CCOO, UGT y la Confederación Nacional de la Construcción que establece “actuaciones de control adicionales a las que fijan las administraciones”.
Las obras de Zaragoza
En este sentido, UGT se ha dirigido a Fomento para pedir al ministro Francisco Alvarez cascos que postergue más allá del 31 de diciembre las obras de ejecución de la línea del AVE y en especial de la estación de Zaragoza ante el grave riesgo de accidentes laborales. UGT denunció que en estas obras se está trabajando hasta doce horas seguidas, sin distribución de turnos, únicamente por el “empeño” del ministro de cumplir sus “plazos electorales”.
El sindicato se dirigió al asesor del ministro en materia de riesgos laborales para advertirle de la “salvaje” situación de estos trabajadores.
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