Los sindicatos CCOO, UGT y CST-UP y la dirección general de Función Pública de la Comunidad de Madrid comenzaron hoy las negociaciones sobre las condiciones laborales de los más de 160.000 empleados públicos que hay en la región con una primera toma de contacto e intercambio de propuestas, que serán debatidas en profundidad a partir del domingo con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del 15 de octubre.
La portavoz del Área Pública de CC.OO., Isabel Galvín explicó las principales propuestas trasladadas por su sindicato al Ejecutivo regional en las cinco comisiones técnicas que se reunieron hoy.
En primer lugar, CC.OO. trasladó sus ideas sobre el desarrollo que la Comunidad de Madrid debería hacer de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para los trabajadores públicos, así como sobre la conciliación de la vida profesional y laboral. Además, se tocó el tema de los planes de pensiones, “que llevan mucho retraso en Madrid”, explicó Galvín.
“En los últimos años ha habido acuerdos a nivel estatal que obligarían a la Comunidad de Madrid a dotar del 0,5 de la masa salarial de todos los empleados públicos al plan de pensiones”, apostilló la portavoz, añadiendo que, “aunque eso ya se hace en otras comunidades autónomas, en Madrid no”, por lo que han propuesto al Ejecutivo regional que lo tome en consideración.
Con respecto al modelo de formación de los empleados, los sindicatos han propuesto “homologar las condiciones laborales de todos los trabajadores públicos”. Entre otras cosas, se trataría de que todos cobren el abono de transportes, y no sólo un tercio de ellos como hasta ahora.
Sobre las carreras profesionales, Galvín indicó que el objetivo es que “todos los empleados públicos tengan el modelo de los que trabajan en el sector de la sanidad”, además de “eliminar la temporalidad y la precariedad en el empleo”.
“Existe un acuerdo a nivel del Estado que obliga a a llegar al 8 por ciento de temporalidad máxima, pero aún no se ha producido el desarrollo de ese acuerdo”, reprochó la portavoz de CC.OO., añadiendo que “se ha propuesto poner esa medida en marcha”. Además, “antes del verano se aprobó la Ley para el Estatuto Básico para los Empleados Públicos”, por lo que los sindicatos exigen ahora que se desarrolle.
En conclusión, el objetivo es “la consecución de un acuerdo general para todos los empleados públicos, tal y como se comprometió el vicepresidente del Gobierno regional Alfredo Prada en la declaración firmada el pasado 3 de septiembre”.
Tras el comienzo de hoy, que los sindicatos no quisieron valorar hasta reunirse mañana a “estudiar lo que ha ocurrido en cada comisión”, las partes volverán a encontrarse el viernes para seguir debatiendo, ya con datos más concretos sobre las propuestas introducidas hoy.
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