Los sindicatos UGT y CCOO, la patronal extremeña y la Federación de Asociaciones a favor de las Personas con Discapacidad de Extremadura (FEAPS) recibirán 100.000 euros cada uno para desarrollar labores de prevención de riesgos laborales.
El Consejo de Gobierno ha aprobado cuatro decretos mediante los que se conceden estas ayudas, que tienen como fin convertir el centro de trabajo en un “lugar seguro” y seguir reduciendo el índice de siniestralidad laboral, según ha informado el jefe del Ejecutivo, José Antonio Monago, en rueda de prensa.
Estas subvenciones están amparadas por el VI Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales (2012-2015), que contempla como objetivo el fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
Por otra parte, en Administración Pública, ha dado su visto bueno a un decreto por el que se modifica otro anterior por el que se crea la Sede Electrónica Corporativa, se regulan determinados aspectos relativos a la identificación y autenticación electrónica y se establecen medidas para la copia electrónica de documentos en la Administración regional.
El propósito es adaptarlo tanto a la estructura orgánica actual del Gobierno autonómico como a los cambios que se han acometido en las plataformas tecnológicas de la Administración.
En la Consejería de Fomento, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que establece la ordenación y clasificación de las empresas de restauración en la región, y se simplifican y agilizan los trámites que éstas realizan con la Administración.
En este sentido, se ha optado por simplificar el régimen de publicidad de precios y se sustituye la exigencia de autorización por la preceptiva declaración responsable, con un control a posteriori de la actividad por parte de la Administración.
Asimismo, el decreto establece la liberalización de los precios de los servicios que oferten los establecimientos, debiendo exhibirlos en lugar visible que permita su lectura sin dificultad.
El decreto excluye de la clasificación a las empresas de alojamiento turístico que en sus establecimientos presten servicios de comedor y bar a sus clientes, así como a las empresas que sirvan comidas a centros escolares, sanitarios, de mayores u otros, así como a aquéllas que vendan a través de máquina expendedora o que suministren catering en transportes públicos.
Asimismo, se ha aprobado otro decreto mediante el que se ordenan y clasifican los apartamentos turísticos en la Comunidad Autónoma.
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