Representantes de ambas centrales expresaron también en una reunión con Gutiérrez la necesidad de que el Ministerio Público disponga “salas especiales” para abordar asuntos de siniestralidad laboral, al tiempo que consideraron “deseables” la creación de juzgados especializados en ese ámbito.
La responsable de Salud Laboral de CCOO-PV en Alicante, Amparo Martínez, indicó que han planteado que, en las tres Fiscalías de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, exista la citada “sección especial”.
Por su parte, el responsable de la misma área de UGT-PV de Alicante, Juan Francisco Richarte, explicó que, pese a existir una instrucción especial de la Fiscalía General del Estado sobre los fiscales coordinadores de siniestralidad laboral, a éstos “no se les exime de otros trabajos, por lo que su actividad depende de su sensibilidad y dedicación, razón por la cual es necesaria una sección específica”.
Los dos sindicalistas alabaron la labor de Gutiérrez por considerar que “ha tenido el valor” de aplicar en la Comunidad Valenciana el artículo 316 del Código Penal, incluido en la última reforma y que contempla como delito para el empresario la falta de medidas de seguridad cuando los trabajadores están expuestos al riesgo, no sólo cuando hay lesiones o muerte.
Con la aplicación de ese artículo, según fuentes judiciales, Gutiérrez ha conseguido, por primera vez en la provincia de Alicante, dos sentencias condenatorias sobre hechos con ausencia de lesiones, en los que se contempla una situación de riesgo para los trabajadores.
“Mucho nos tememos que asuntos como el del Hotel Atrium Beach o el ´caso Amianto´ podrían haberse archivado de no ser por él”, aseguraron fuentes sindicales, que incidieron en la necesidad de que los fiscales “estén más conectados entre lo que pasa en el mundo laboral y la estricta aplicación de la Ley”.
Por su parte, Gutiérrez se mostró “totalmente de acuerdo” con las reivindicaciones de los sindicatos y afirmó que reclama “todos los años” la “exclusividad” del Fiscal coordinador del área de siniestralidad laboral.
Tras estimar conveniente una reunión de los fiscales de la Comunidad Valenciana, que “podría extenderse a Murcia”, para abordar este ámbito, indicó que los sindicatos deberían contemplar la posibilidad de personarse como acción popular o como acusación particular en aquellos casos en los que consideren que se ha vulnerado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Recordó que el pasado año propuso a la Dirección General de Justicia “una memoria sobre siniestralidad laboral” y una reunión de los fiscales de la Comunidad Valenciana, aunque, por el momento, no ha recibido una contestación oficial.
Precisó que recibió el año pasado un total de 83 asuntos sobre siniestralidad laboral, frente a los 86 computados en 2002, si bien matizó que aún están registrando casos fechados en diciembre de 2003, por lo que la estadística correspondiente a ese ejercicio no está cerrada
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