Los sindicatos de UGT y CCOO acusaron ayer al Ayuntamiento de Granada de haber cometido una presunta negligencia en el derribo por ejecución subsidiaria de la vivienda del número 16 de la Cuesta de Gomérez en la que el martes murió un obrero ecuatoriano de 29 años tras desplomarse un muro de más de cinco siglos de origen árabe en avanzado estado de descomposición.
Según informaron a Europa Press los responsables del sector de la Construcción de ambos sindicatos, Francisco Ruiz Ruano (UGT) y Francisco Quirós (CCOO) el consistorio, como responsable legal y promotor de la obra, «debió velar por la seguridad del trabajo». A lo que se añade el hecho, según apuntaron, de la situación ilegal en España del trabajador y de que la obra había sido subcontratada.
UGT ha denunciado el supuesto incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la constructora adjudicataria del servicio, ante la Inspección de Trabajo, la Fiscalía de Granada y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 que ayer procedió de oficio a la apertura de diligencias previas.
CCOO, por su parte, se entrevistó ayer con el empresario, que aún no ha prestado declaración en el juzgado, quien le comunicó que se trató de un «accidente imprevisible» y señaló las trabas administrativas que se encontró para regularizar la situación laboral del trabajador fallecido, Guillermo Estalin.
Asimismo, anunció una próxima reunión de la Ejecutiva Provincial del sector para valorar la situación «en profundidad y posicionarnos». Ambos responsables sindicales recordaron la convocatoria de huelga, general para CCOO y parcial para UGT, para finales de enero en protesta por la alta siniestralidad laboral de la provincia, con 12 accidentes mortales en lo que va de año, dos de ellos en las últimas 48 horas.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, sostuvo ayer que el contrato con la empresa responsable de la demolición del edificio «tiene todos los papeles en regla», aunque anunció que de haberse producido un incumplimiento por parte de la constructora el Ayuntamiento procederá a «demandarla judicialmente». En estos momentos, el caso está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Por su parte, la fiscal del Servicio de Siniestralidad Laboral ha iniciado las actuaciones pertinentes para determinar la responsabilidad penal que pueda existir en el caso. Así lo manifestó ayer el Fiscal Jefe del TSJA, Jesús García Calderón, quien se ha interesado personalmente por la investigación.
En este sentido, recordó que la Fiscalía no puede incoar diligencias para no interferir en las abiertas de oficio por el juzgado, al tiempo que volvió a incidir en la necesidad de cuerpos policiales especializados en la lucha contra la mano de obra ilegal y en «extremar el cuidado» con los trabajadores inmigrantes que puedan encontrarse en situación irregular.
El Juzgado está a la espera de la autopsia del fallecido para llamar a declarar al empresario y a los compañeros del trabajador y esclarecer las causas del siniestro.
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