Las sanciones incoadas por la Inspección de Trabajo en Balears durante el primer semestre del año se han triplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento de la actuación de la Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Gobierno y que no piensa transferirse a las comunidades pese a las reivindicaciones del Govern, es especialmente latente en el caso de las paralizaciones de obras o centros de trabajo ante un riesgo inminente para el trabajador.
En los seis primeros meses se han impuesto 538 sanciones (552 en todo el año 2000), de un importe global de 305 millones (256,9 millones en todo 2000), por infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Por lo que se refiere a materia de trabajo (infracciones en los contratos o en las condiciones de trabajo) el número de sanciones fue en ese periodo de 54 (80 en todo el ejercicio de 2000) por 14 millones (18,6 millones en 2000).
El número de paralizaciones de empresas por riesgo laboral ascendió a 19. En todo el año 2000 sólo se paralizaron ocho obras y sólo dos en el sector de la construcción. Esta mayor actuación sancionadora es fruto, en gran medida, en el acuerdo de colaboración entre la Inspección de Trabajo y la Conselleria de Treball i Formació del Govern que han aunado esfuerzos, objetivos y fijado desde las Islas, y no desde Madrid como venía siendo habitual, los campos a actuar en función de las necesidades de Balears. En este contexto, ayer se reunió por segunda ocasión desde su creación, la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo en la que participa el Govern.
Eberhard Grosske, conseller de Treball i Formació, manifestaba ayer que en la reunión «se ha repasado la ejecución de los objetivos que nos habíamos marcado de colaboración para el año 2001» y «comenzado a preparar los objetivos de 2002». «En estos nueve meses hemos constatado el excelente clima de colaboración que existe entre la Administración del Estado y la autonómica que se ha materializado en un trabajo de campo conjunto entre nuestros técnicos y los inspectores especialmente en el ámbito de la construcción. Así, ha habido un incremento importante de la actividad inspectora, de los requerimientos que se hacen a las empresas para subsanar las deficiencias encontradas, además de sancionadora, con lo que se mejora las condiciones laborales», explicó Grosske.
El titular de Treball i Formació destacó que esta colaboración ha sido especialmente fructífera en Eivissa-Formentera donde se ha multiplicado por tres la presencia inspectora (Inspección de Trabajo) y preventiva (técnicos de la Conselleria). Así, se ha producido una «bajada realmente significativa» del índice de siniestralidad en los siete primero meses del año. «La idea – indicó Grosske – es continuar trabajando con esta materia de colaboración. Es una batalla larga (la lucha contra la siniestralidad laboral): No se pueden esperar resultados espectaculares de un día para el otro pero el trabajo que se está haciendo es importante y comenzamos a notar resultados. Por primera vez creo que este año los resultados comienzan a responder al esfuerzo que se está haciendo de recursos humanos y materiales y espero que durante esta legislatura, en 2002, hayamos puesto freno al crecimiento de la siniestralidad cuando no haber iniciado un camino de descenso que es el objetivo».
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
