Concluye el caso del amianto tras casi nueva años de batalla judicial. El Juzgado de Lo Penal número 3 de Alicante ha desestimado el recurso presentando por el fiscal del caso, Juan Carlos López Coig, y al que se adhirieron los afectados, a la sentencia que absolvió, en agosto del año pasado, a los dos directivos de Uralita y a los dos médicos del grupo por la muerte de ocho operarios y la enfermedad de otros 29 trabajadores de la extinta fábrica Fibrocementos de Levante, de Sant Vicent del Raspeig, por inhalación de polvo mineral. La sentencia es firme.
En la resolución, el juez considera que la empresa cumplía las normas vigentes en aquel momento de seguridad en el trabajo -“Los resultados de estas mediciones no dejan lugar a dudas y están siempre dentro de las previsiones legales”, argumenta la sentencia-. El tribunal insiste en el apartado de fundamentos jurídicos, que la empresa cumplió “con las exigencias reglamentarias en materia de medidas de protección individuales” así como en aquellas referidas a la información a los trabajadores “sobre los riesgos del amianto y sobre los resultados de las mediciones y controles ambientales y medidas higiénicas”.
También defiende, dentro de los 56 folios de argumentación, que “todas las enfermedades” que padecieron los trabajadores de este centro de trabajo están ligados a la exposición al polvo de amianto “que en cantidades excesivas sufrieron los trabajadores desde que el inicio de la actividad de la factoría y hasta la vigencia de la primera reglamentación específica en la materia (1982)”. El juez excluye, igualmente, a los acusados de responsabilidad criminal “en los graves y múltiples delitos de homicidio y lesiones imprudentes en los que se funda en la acusación”.
La sentencia, dictada el pasado 28 de diciembre y hecha pública ayer, mantiene por tanto la absolución dictada en agosto del año pasado de José Pérez Domé, actual director de recursos humanos del grupo Uralita y jefe de personal de Fibrocementos hasta 1984, y de Carmelo Blay, jefe de personal de la factoría entre 1990 y 1996, así como de los dos médicos del grupo, Alberto Clemente Regidor y Miguel Ángel Sarabia Romero.
La batalla judicial del conocido como caso amianto se inició en marzo de 1998, cuando un grupo de ex empleados de la fábrica Fibrocementos de Levante presentó en el Juzgado número 1 de Sant Vicent del Raspeig una denuncia contra la dirección de esta factoría propiedad del grupo Uralita por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras ocho años de espera, el juicio empezó a mediados del mes de mayo del año pasado. Poco después, cuando el juzgado número 3 de Lo Penal de Alicante absolvió a los responsables de la empresa, los responsables de la asociación de afectados mostró su decepción por la decisión.
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