El anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol, que el Gobierno prepara para limitar el fenómeno del botelleo, incluye además de la prohibición de beber en la calle la de hacerlo en los lugares de trabajo, lo que podría sancionarse hasta con 24 fines de semana de tareas sociales.
El borrador responde a la iniciativa anunciada por el ministro del Interior, Mariano Rajoy, en el congreso Jóvenes, noche y alcohol de mediados de febrero para actuar contra el consumo de alcohol abusivo, fundamentalmente entre los menores de 18 años. El documento se halla en fase de estudio por los distintos ministerios implicados.
El texto establece la prohibición de «cualquier forma de venta o dispensación de bebidas alcohólicas» a los menores de 18 años, y no se podrá vender ni consumir alcohol en «lugares, vías o transportes públicos cuando se altere la tranquilidad ciudadana o el derecho a la libre circulación de personas».
Todas esas sanciones podrán ser también aplicadas a quienes vendan o beban alcohol durante la jornada laboral en el lugar de trabajo, a no ser que lo hagan «en los espacios expresamente habilitados al efecto» y siempre que las bebidas sean de menos de 20 grados –vino o cerveza–, una limitación que se extiende, expresamente, al Senado, el Congreso, las sedes ministeriales, los juzgados, las dependencias administrativas y los centros sanitarios.
La limitación es total en los centros docentes, los de protección de menores, los de transporte público o en los que se manipulen sustancias u objetos peligrosos, y en el interior de los recintos deportivos.
También está prohibida la venta, dispensación y consumo durante la celebración de concentraciones en recintos o locales cerrados, privados o públicos, no autorizados para ello.
Las corporaciones locales tendrán en cuenta para el otorgamiento de licencias de nuevos locales de venta de bebidas alcohólicas la acumulación de otros de similar naturaleza ya existentes en la misma zona, «así como el derecho de los ciudadanos al disfrute de su vivienda de forma digna y adecuada y a que se les garantice el derecho al necesario descanso». La graduación de las sanciones tendrá en cuenta, entre otros factores, la repercusión social, el riesgo para la salud, el número de afectados y la gravedad de daños producidos.
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