El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy, por 14 votos, solicitar a la Comisión de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial un informe sobre la siniestrabilidad laboral y la actividad de los distintos órganos judiciales en este tipo de casos. La propuesta aprobada partió de dos de los vocales pertenecientes a la minoría progresista, Montserrat Comas y Javier Martínez Lázaro, y contó con el apoyo de la mayoría, excepto del vocal José Luis Requero, que formuló un voto particular al acuerdo adoptado.
Antes de esta propuesta se votó otra de los vocales progresistas Fernando Salinas, José Antonio Alonso y Luis Aguiar, que pedían que se ordenara al Servicio de Inspección la confección de un informe relativo a la jurisdicción penal sobre el número de asuntos tramitados por accidentes laborales desde 2001 hasta la fecha, con la especificación de asuntos archivados, pendientes de juicio, sentencias condenatorias y absolutorias, y los ya ejecutados.
Esta solicitud sólo obtuvo 7 votos a favor, entre ellos el del vocal a propuesta de CiU Alfons López Tena, mientras que votaron en contra tanto Comas como Martínez Lázaro, que a continuación realizaron otra propuesta que obtuvo el apoyo mayoritario y cuya diferencia fundamental con la anterior es el órgano elegido para la realización del informe: la Comisión de Planificación.
Según el portavoz del CGPJ, Enrique López, se ha optado por la propuesta de Comas y Martínez Lázaro porque no parte de una “valoración previa” de la actuación de los jueces en los asuntos relativos a siniestrabilidad laboral. En este sentido, indicó que entre las funciones del Consejo no está la de criticar la actuación de los jueces, sino garantizar la indepencia de los mismos.
“No queremos ofrecer una imagen de que al Poder Judicial no le importa este problema, pero tampoco queremos corregir la forma en la que se tramitan y se resuelven estos asuntos”, afirmó López, que añadió que el Consejo no pretende “contribuir a la polémica” sobre este tema, sino a “aminorar el problema”.
El portavoz del CGPJ señaló que se ha propuesto como ejemplo a seguir el Observatorio de Violencia Doméstica, en el que colaboran los Ministerios de Trabajo y Justicia, además del propio Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, y que es una de las formas de “corregir un problema que afecta a nuestra sociedad”.
Independencia de jueces
El acuerdo adoptado señala que resulta “un contrasentido” que quien tiene encomendada la tutela de la independencia de los jueces, el CGPJ, “pueda influir en las decisiones que éstos tomen mediante la crítica o la toma de postura ante las resoluciones judiciales”. El Consejo considera que las distintas sentencias dictadas por los tribunales en relación con uno de los “gravísimos problemas” de nuestra socedad, la siniestralidad laboral, han generado “desorientación y preocupación entre los ciudadanos quizá por la deficiente explicación de su verdadero contenido y alcance”.
“Desde luego no es admisible que esta preocupación sea utilizada para obtener rentabilidades políticas”, agrega el texto del acuerdo, que señala que en la labor del CGPJ como garante de la “imparcialidad e independencia de los jueces” no está el adoptar posturas “que puedan entenderse como intentos de influir en las resoluciones judiciales”.
Por ello, explica que al igual que se han buscado “procedimientos específicos para la lucha rápida contra la inseguridad ciudadana o contra la violencia de género, es posible buscar formas más eficientes de administrar la justicia, sin comprometer en ningún caso la imparcialidad de los jueces”. No obstante, que las competencias en el área de la siniestrabilidad judicial “corresponde básicamente a otros poderes públicos”.
“Por ello puede resultar útil que el Consejo General del Poder Judicial realice todos los informes precisos que permitan mejorar la eficacia del trabajo judicial”, indica el acuerdo, que concluye que dichos estudios e informes “en ningún caso pueden ir dirigidos a comprometer su imparcialidad e independencia”.
Propuesta rechazada
Por contra, el vocal José Antonio Alonso, uno de los ponentes del informe rechazado, señaló que desde el Poder Judicial “debe dar una respuesta” para ver “qué está fallando” en las resoluciones judiciales sobre siniestrabilidad laboral. En este sentido, consideró que la forma “óptima” de saberlo es a través del Servicio de Inspección.
La propuesta de Alonso y los vocales Fernando Salinas y Luis Aguiar y José Antonio Alonso reclamaban la elaboración de un informe sobre el número de causas penales incoadas desde el año 2001 por accidente laboral, con especificación de la cifra de sentencias condenatorias y absolutorias, así como el monto total de las indemnizaciones efectivamente pagadas a las víctimas.
La razón de esta petición es, según expusieron los vocales, el “desconocimiento total” que actualmente tiene el Consejo del alcance con que el sistema judicial está afrontando los conflictos derivados de accidentes laborales. “La institución que gobierna la judicatura debe corregir tal desconocimiento, y en su caso poner los remedios que sean pertinentes para mejorar el funcionamiento del sistema”, añaden los consejeros.
Por su parte, el vocal del sector mayoritario José Luis Requero emitió un voto particular al acuerdo adoptado por el Pleno en el que considera que ha bastado que unos vocales “entiendan que por sistema debe indemnizarse al trabajador y condenar al empresario”, para que se transmita a los jueces “que el deseo del Consejo” y lo “bien visto y que genera buena prensa” es “dictar sentencias condenatorias, militantes e ideológicamente comprometidas”.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
