José Luis Úriz asegura que desde mayo del año pasado sufre “un lento y duro proceso al más puro estilo de tortura de la gota china”. Y asevera que el nuevo dueño de Onena le ha impedido conocer el nuevo sistema informático, le retiró paulatinamente de los trabajos que desempeñaba y, finalmente, tras reducirle el sueldo, la dirección interpuso el 14 de enero un expediente por falta muy grave por sus salidas parlamentarias.
Tras su denuncia a la Inspección de Trabajo, en el pleno del Parlamento del próximo 14 de febrero defenderá una moción socialista sobre el “mobbing”.
La empresa sostiene que trabajó un 12,4% menos de horas que las establecidas en 2001, un total de 1.502 de las 1.716 horas que debía trabajar. Por su parte Úriz dice que el año pasado fue a trabajar 219 días, cuando por convenio debería haber ido 214. De esos, sólo en una ocasión y por 32 minutos, llegó tarde, añade. Tuvo 127 salidas, 79 de ellas para actos parlamentarios y en las que se olvidó de fichar en 10.
El parlamentario socialista manifiesta que intentan chantajearle a él y al PSN, “amenazando con lanzar el comentario de que he robado a la empresa por las salidas parlamentarias. En el expediente se me acusa de enriquecimiento injusto”. “Enriquecimiento injusto -dice Úriz- es hacerse con una empresa, en la que el Gobierno de Navarra ha puesto cientos de millones, por la tercera parte de su valor”.
Desde mayo
Úriz asegura que comenzó a sufrir acoso psicológico en mayo pero que éste se vio incrementado a partir de octubre. La causa, asegura, es su oposición a lo que considera una privatización “irregular” y “perjudicial tanto para los trabajadores como para los fondos públicos” de Onena, vendida al empresario guipuzcoano Ignacio Mendizábal.
Recuerda que en mayo no le incluyeron en los cursos para conocer el nuevo programa informático que se iba a poner en funcionamiento y que necesita para su trabajo. Relata que, tras una discusión con el dueño y tras su participación en una huelga por la situación en la que se encuentra la fábrica, le retiraron las cuatro labores que desempeñaba: entrada de pedidos, pedidos para fábrica, atención a clientes y control y seguimiento de las devoluciones. También deja de ser avisado para las reuniones de planificación, asegura. “La desaparición de mis trabajos se produce sin ninguna explicación oficial. Hasta la fecha nadie se ha dirigido para darme razón alguna”, señala.
A partir de noviembre, dice Úriz, se le exige que no llegue a la fábrica antes de las 8,30 horas, se le desinstala internet y el servicio de e-mail, se le dice que avise con antelación sus salidas y presente justificantes, y se le descuentan 169.000 pesetas de la nómina sin previo aviso, explica. Señala también la pérdida de los 5,5 días de libre disposición, afirma que ha sido amenazado con traslados a Barcelona o de desempeñar un puesto en el taller…
Y, finalmente, la empresa le abre un expediente por falta muy grave el 14 de enero. Dicho expediente, señala Úriz, adjunta “una pormenorizada relación de mi actividad parlamentaria en 2001, que difícilmente se puede obtener, como no sea a través de un grupo parlamentario”.
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