La puesta en marcha de la nueva Ley de la Jurisdicción Social para las personas que sufran accidentes laborales o enfermedades profesionales, representa “un nuevo paso a favor de los trabajadores”, según asegura Marta Checa García, CEO de Checa Abogados, firma especializada en accidentes laborales.
“Por fin queda claro que las demandas de reclamación de indemnización de daños y perjuicios, han de ser presentadas ante los Juzgados de lo Social, facilitándose además la prueba del procedimiento al trabajador en cuanto a los hechos origen del accidente”, explica Checa.
“Con la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Social se genera un procedimiento claro, según el cual las demandas se presentarán ante los Juzgados de lo Social y corresponderá al empresario probar que adoptó todas las medidas de seguridad. Anteriormente sucedía al contrario, recaía sobre el trabajador probar que se había incumplido la normativa en materia de seguridad”, añade la especialista.
Pero los cambios de la nueva Ley de la Jurisdicción Social no son solo de cara a los accidentes laborales. Los trabajadores que sufran enfermedades profesionales también podrán reclamar en los mismos términos. “Éstas se equiparan en procedimientos de reclamación de daños y perjuicios, de la misma forma que si los hechos hubieran originado un accidente laboral, por lo que todas las novedades de la actual Ley de la Jurisdicción Social, les otorgan los mismos derechos”, afirma Marta Checa.
Checa Abogados cree que el entorno judicial se ha sensibilizado respecto a la existencia de ciertas dificultades que existían a la hora de reclamar estas indemnizaciones. “La obligación de probar en estos procedimientos ha cambiado a favor del trabajador y en contra del empresario, por encontrarse el primero en una situación más débil en cuanto a conocer las causas que provocaron que se originara el accidente laboral o enfermedad profesional, ante la dificultad que para él suponía acceder a toda la información y sistema de implantación que la empresa tenía adoptado en relación a la normativa de seguridad”, recalca Marta Checa García. “Esta nueva mentalidad otorga una mayor protección judicial a las víctimas en estos supuestos”.
Por ello, las reclamaciones de daños y perjuicios por accidente laboral se tienen que interponer ante los Juzgados de lo Social. “Estos daños son los derivados del menoscabo corporal o de salud de la víctima que conlleva el derecho a reclamar el daño físico-psíquico (daño moral) así como la pérdida económica que no hubiera sido suficientemente satisfecha a través de las prestaciones de la Seguridad Social (daño patrimonial)”.
Además también se pueden pedir medidas preventivas de embargo a los empresarios mientras se tramita el procedimiento. “Así lo recoge la Ley de la Jurisdicción Social con el fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia, medidas que han de ser solicitadas por el demandante durante el tiempo de tramitación del procedimiento pudiéndose acordar el embargo preventivo de bienes, la administración judicial de éstos o anotaciones de la demanda en los Registros Públicos. Son medidas que el Juez acordará únicamente cuando se justifique que, de no adoptarse las mismas, la sentencia estimatoria, en este caso, de condena al pago de indemnización, pudiera no cumplirse; esto es, que finalmente la empresa o empresario condenado no pagara, situación que se evita con la aplicación de dichas medidas”.
Por último, la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Social va a significar un avance de cara a la creación de un baremo especial que hasta ahora no había para víctimas en accidentes laborales y enfermedades profesionales para reclamar los daños y perjuicios.
“Efectivamente la disposición Final 5ª de la Ley de la Jurisdicción Social establece la necesidad de crear un sistema específico para valorar de forma objetiva las indemnizaciones por estas causas. En la actualidad no existe como tal para estos casos, por lo que se viene utilizando el sistema de valoración para los perjudicados que han sufrido un accidente de circulación. En cuanto a estadística, tomando como fuente el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consta un avance de enero a febrero de 2012, en el que se constata la existencia de 81.088 accidentes de trabajo que han originado algún tipo de baja, de los cuales con carácter grave habrían ocurrido 599 y con resultado de fallecimiento 73. Dichos datos se extraen del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, concluye Marta Checa García.
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