Si todo discurre con normalidad, podría quedar visto para sentencia el caso de un accidente laboral, ocurrido durante la construcción de las viviendas sociales de la calle Aquilino Iglesia Alvariño, en el año 2004. En ocho años la justicia no pudo resolver el asunto, entre otras cuestiones por la compleja tramitación que supone un percance de estas características. En el mismo resultaron heridos de diversa consideración tres trabajadores.
El juicio vuelve a estar anunciado en el Juzgado de lo Penal número 1, después de que se hubiese suspendido hace unos meses. Los acusados son cinco y la pena a la que se enfrentan asciende conjuntamente a algo más de diez años de cárcel.
Los imputados son la jefa de obra; el encargado; el gerente de una empresa subcontratada; el encargado de la obra otorgada a la anterior firma y, por último, el coordinador de seguridad y salud.
El percance ocurrió el 28 de enero del año 2004 en las obras de construcción de un edificio de 92 viviendas de protección oficial de promoción pública, en la calle Aquilino Iglesia Alvariño, en la zona de Abella. El promotor de la obra era la Xunta a través del Instituto Vivenda e Solo.
De acuerdo con la acusación que formula el fiscal, tres trabajadores de la empresa subcontratada proyectaron revestimiento sobre una de las paredes de un patio, situada entre la sexta y la séptima planta, a una altura de entre 16 y 19 metros. Con tal motivo ataron una manguera al andamio y le suprimieron un tramo.
El 29 de enero, se subieron los tres al andamio para proceder al acabado final y se percataron de que habían dejado las herramientas el día anterior en una zona más elevada de la fachada. Para ira a recogerlas, comenzaron por ascender con el andamio, pero como tenían atada la manguera al mismo y a la máquina de proyectar en el edificio contiguo, la instalación metálica no podía elevarse normalmente.
Dice el fiscal que, dado que los motores eléctricos continuaban tirando del andamio, el conjunto cedió por el punto más débil. Las vigas, al estar simplemente apoyadas y, al ser el tiro de la manguera inclinado, volcaron y comenzaron a doblarse por el esfuerzo de los motores hasta el extremo de que se atravesaron y perdieron el apoyo de la cubierta. Todo el conjunto se fue al suelo, lo que hizo que los tres operarios también se precipitaran al vacío, lo que provocó que estos resultaran heridos de diversa consideración.
Uno de ellos sufrió múltiples fracturas hasta el extremo de que tuvo que estar ingresado en un centro asistencial durante 48 días. Tardó en curar, según el informe de los forenses, 512 días. Le quedan diversidad de secuelas, entre ellas un acortamiento de la pierna derecha. Tiene limitación de la movilidad en ambos pies. Estas y otras secuelas, advierte el fiscal, son permanentes e impiden que el afectado realice las tareas de ocupación habitual.
Otro de los afectados tuvo una fractura de fémur y policontusiones que provocaron su hospitalización durante 20 días. Tardó 589 en curar. También le quedó acortada una extremidad inferior, tiene limitada la flexión de una rodilla y, una incapacidad total para el trabajo habitual.
El tercero de los trabajadores también sufrió múltiples lesiones por las que estuvo ingresado 43 días. Tardó en curar 309 y también tiene diversas secuelas.
El fiscal califica los hechos como un delito contra los trabajadores por el que pide para cada uno de los acusados, 20 meses de prisión. Asimismo, estableció que hay tres delitos de lesiones por imprudencia. Por ellos pide la pena de seis meses de prisión para cada uno de los cinco imputados. Además, reclama que los imputados sean inhabilitados para ejercer su profesión durante el tiempo al que en su caso sean condenados.
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