Ex trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) acudirán al juzgado de lo Social para solicitar el reconocimiento de la enfermedad profesional que padecieron durante los años que trabajaron en las instalaciones, según indicó hoy a Europa Press el secretario de la asociación que aglutina a este colectivo, Rogelio Aguilar.
Esta es una de las iniciativas que va a adoptar el colectivo después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Andújar decidiera el archivo de la querella criminal que presentaron contra 12 ex directivos de la fábrica y contra los organismos encargados de su gestión, por considerar que no hubo indicios de delito.
En la causa estaban imputados 12 ex directivos por la querella presentada por los ex trabajadores debido a que estuvieron empleados entre 1959 y 1981 en estas instalaciones de Andújar, ya desmanteladas, sometidos a radiaciones y sin que nadie les advirtiese del riesgo que corrían por el tratamiento del uranio.
De los 126 trabajadores afectados ya han fallecido 52, la mayoría de ellos por cáncer, y responsabilizan de su situación a directivos de la empresa, así como a Enresa, que se encargó de desmantelar la fábrica, y al CIEMAT, el organismo que sustituyó a la Junta de Energía Nuclear (JEN), que son quienes debería asumir las compensaciones planteadas por la vía civil.
El archivo ya está recurrido ante el juzgado y, si éste mantiene la decisión, tendrá que pronunciarse la Audiencia Provincial. En el texto del recurso se indica que “sólo se han practicado las declaraciones en calidad de imputados” a aquellos que residen fuera de Andújar y no a todos, por lo que no procede archivar la causa.
Diligencias
También incide en que se acordó establecer otras diligencias, como una inspección ocular y pruebas periciales que no se han practicado y que son “de trascendental importancia” para que el juzgado pueda valorar los hechos que fueron objeto de una querella que pusieron en 1998 los ex trabajadores por delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte y lesiones, contra la seguridad en el trabajo, los derechos laborales, las normas de prevención de riesgos laborales y la seguridad colectiva.
Rogelio Aguilar señaló que este recurso, junto al mantenimiento de las peticiones civiles y la reclamación ante los juzgados de lo Social forman parte de una serie de iniciativas para que se “reconozca la verdad” de lo que ocurrió en la FUA y lo que provocó a los trabajadores que allí estuvieron.
El auto del juzgado por el que se archiva la demanda que presentaron “nos ha dado más fuerzas si cabe”, dijo Rogelio Aguilar, que se mostró firme en la intención del colectivo afectado “de arrojar la toalla y seguir avanzando para que se reconozca que nosotros trabajábamos alli sin medidas de seguridad”.
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