El Grupo Parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV) ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a que reconozca por Ley los conceptos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional para los trabajadores autónomos, y a que establezca la correspondiente cotización.
Para ello, en la iniciativa parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, Izquierda Verde pide al Gobierno que presente un proyecto de Ley de modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Igualmente, establece que tanto la cobertura de estas contingencias como su cotización deberán ser proporcionales a las correspondientes al Régimen General.
También solicitan en su iniciativa un proyecto de Ley de modificación de la Ley de Prevención de Riesgos laborales de noviembre de 1995 para que se garantice el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo de los autónomos y se incluya así a este colectivo en el plan de prevención de riesgos laborales.
Proponen asimismo que el concepto de accidente de trabajo comprenda toda lesión corporal que sufra el autónomo en ocasión o como consecuencia de su actividad profesional, así como en el transcurso del desplazamiento al lugar de trabajo o durante el desarrollo de su actividad. Igualmente, quieren que se contemple aquellas lesiones sufridas como consecuencia del ejercido de cargos electivos de carácter sindical o de representación colectiva de otros trabajadores autónomos.
Instan igualmente al Gobierno a que impulse las reformas normativas específicas en determinados sectores, como el transporte por carretera o la construcción, que proporcionan empleo a un gran número de trabajadores autónomos y que tienen un elevado índice de siniestralidad, con el objetivo de garantizar la aplicación de la prevención de riesgos.
La formación de izquierdas pretende con esta iniciativa equiparar las condiciones de incapacidad temporal, accidentes laborales o enfermedades profesionales entre los trabajadores acogidos al Régimen General de la Seguridad Social y los cerca de tres millones de personas que trabajan actualmente acogidos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que tienen que afrontar cotizaciones más elevadas y una menor protección.
A ello se suma el hecho de que la norma de Prevención de Riesgos Laborales de noviembre de 1995 tiene en cuenta a los autónomos a la hora de establecer sus responsabilidades como autoempresarios pero sin adaptar la normativa para que estos puedan ejercer derecho a la prevención de sus riesgos profesionales.
Es por ello por lo que quieren que se mejoren las condiciones de los autónomos y garantizar una protección social que se sustente sobre los criterios de proporcionalidad entre las cotizaciones por hacer y prestaciones por recibir, equiparando los parámetros con el Régimen General de la Seguridad Social. Defienden así que se establezca una fiscalidad justa y equitativa con reformas fiscales que reconozcan las nuevas actividades a través de la adaptación y flexibilización del sistema de módulos.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
