El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación mediante el cual la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá imponer medidas correctoras cuando detecte incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
El nuevo reglamento surge como consecuencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada en 1995, que extendía su aplicación al personal civil al servicio de las Administraciones Públicas, si bien preveía una regulación especial dadas las peculiaridades que en dicho ámbito concurrían para la imposición de medidas correctoras.
El objetivo del Reglamento es regular el procedimiento que permita adoptar las medidas oportunas para corregir las infracciones detectadas, más que la imposición de una sanción pecuniaria, que en este ámbito carece de sentido.
En los seis artículos de que consta el Reglamento, se determina que su ámbito de aplicación engloba los órganos centrales y territoriales de la Administración, los organismos autónomos y demás entes dependientes de la misma y que afecta a todo el personal empleado en sus distintos centros, a excepción de los centros y establecimientos militares, que disponen de normativa específica.
Asimismo se desarrolla el procedimiento a seguir por parte de la Inspección, que actuará siempre de oficio, en cuanto a la comunicación de las visitas, las propuestas de requerimientos, si se detectan irregularidades o incumplimientos, los trámites de alegaciones y los requerimientos definitivos.
Por último se contemplan los supuestos de paralización en los casos en que el inspector comprobase la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud del personal inspeccionado, que será inmediatamente ejecutiva.
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