Un tribunal de Nueva Zelanda ordenó a Pike River Coal a pagar 2,7 millones de dólares (2,1 millones de euros) a las familias de los 29 muertos y a dos supervivientes de la explosión en 2010 en una de sus minas de carbón.
Según el fallo de la jueza del Tribunal del distrito de Greymouth, la minera está obligada a pagar las indemnizaciones por los traumas causados en la tragedia, así como una multa de 95.460 dólares (595.460 euros) por incumplimiento de las normas de seguridad.
“Los testimonios sobre el impacto (de la tragedia) en las víctimas son desgarradores”, dijo la juez, al explicar que se llega a “sentir, verdaderamente, el dolor colectivo y a entender cuánto echan de menos a sus esposos, padres o hijos”.
El 19 de noviembre de 2010, una explosión de gas en la mina Pike River dejó atrapados a 29 mineros a unos 2,5 kilómetros de profundidad dentro de la galería, que carecía de un acceso alternativo, en la localidad de Greymouth (Isla Sur).
Cinco días después, se les dio por muertos tras una segunda detonación en Pike River, escenario del segundo mayor accidente minero de la historia de Nueva Zelanda.
Solamente sobrevivieron Russell Smith y Daniel Rockhouse, quienes a raíz del fallo recibirán, al igual que los familiares de los 29 mineros muertos, unos 86.185 dólares (66.722 euros) cada uno.
La tragedia de Pike River causó depresión a las víctimas, motivó intentos de suicidio, ansiedad crónica, rupturas matrimoniales, pérdida de empleos, así como el permanente dolor de saber que los cuerpos aún siguen enterrados entre los escombros.
“El hecho de sacar los cadáveres no acabará con la pesadilla, pero de alguna manera traería un poco de paz en sus vidas”, acotó la magistrada.
La firma legal que defendió a la minera aseguró que la empresa hizo todo lo posible para ayudar a los familiares de las víctimas e incluso contribuyó a un fondo de unos 782.200 dólares (605.286 euros) para ayudarlas, según la cadena TVNZ de la televisión neozelandesa.
La jueza Farish también determinó en su fallo que la empresa es responsable de nueve cargos por violar las normas de salud y seguridad laboral, una situación que contribuyó a la muerte de sus trabajadores.
A la empresa se le acusó de no medir adecuadamente los niveles de gas metano, de no asegurarse de que tenga una ventilación adecuada, de no revisar los datos geológicos ni adoptar las medidas necesarias para mitigar el riesgo de una explosión, informó el canal de televisión TV3.
Según la jueza, la minera también falló en no adoptar las medidas necesarias en favor de la seguridad de Joseph Dunbar, un joven de 16 años que fue la víctima más joven de esta tragedia, agregó TV3.
“Los peligros eran bien sabidos y podían prevenirse”, comentó la juez al enfatizar que “habían muchos indicadores que daban cuenta de que la mina era insegura y potencialmente a punto de explotar y a pesar de ello no se prestó atención a estas señales de advertencia”.
Si bien el fallo fue recibido entre aplausos por los familiares de los mineros fallecidos, aún no está claro si Pike River Coal pagará las indemnizaciones ya que se ha declarado en quiebra y no ha impugnado los cargos, según TV3.
Durante el proceso judicial el administrador legal de la minera, PricewaterhouseCoopers, presentó un documento en el que indicaba que los fondos de la empresa se reducen a 122.226 dólares (94.624 euros), que es el dinero que le queda de los pagos del seguro tras el accidente.
Pero la juez Farish consideró que la indemnización la pueden pagar los accionistas, como la gigante NZ Oil&Gas.
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