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Tres años de cárcel. Esa es la condena que exige el fiscal para cada uno de los responsables de dos constructoras que desarrollaban una obra en la parroquia de Queixas-Cerceda en la que resultó parapléjico un trabajador. El representante del Ministerio público demanda, además, que los procesados indemnicen a la víctima con 240.000 euros por las lesiones, los días de incapacidad y las secuelas que sufre.

El accidente, siempre según la versión de la acusación, se produjo sobre las 10.15 horas del 15 de junio de 2007. El afectado, que trabajaba en la empresa que ejecutaba los trabajos desde 1988, esperaba en el borde del forjado de cubierta un paquete que izaba una grúa. En ese momento, perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde una altura de 5,64 metros.

El trabajador sufrió una lesión medular que le produjo paraplejia en la columna vertebral de grado “moderado”. El hombre tardó en sanar de las heridas que sufrió 427 días, de los cuales 267 permaneció ingresado en el hospital, y 160 estuvo incapacitado para realizar sus tareas diarias.

La Fiscalía acusa a los procesados en su escrito de calificación de cometer un delito de lesiones imprudentes, y otro contra los derechos de los trabajadores, por los que solicita, además de tres años de prisión, el abono de una multa de 3.600 euros.

El representante del Ministerio público destaca en un informe sobre los hechos que la obra carecía “de medidas de protección colectiva para evitar el riesgo de caída, de línea de vida para el empleo de arneses y de estudio básico de seguridad, así como de coordinador de seguridad”. El fiscal recalca en su escrito de conclusiones que Inspección de Trabajo levantó acta de infracción grave tras el accidente por “inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales”.

Los procesados son los representantes legales de las dos constructoras encargadas de la obra. Una de las empresas estaba subcontratada por la otra. En las instalaciones, además del empleado herido, trabajaban otros tres operarios. La vista contra los dos imputados por cometer un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones imprudentes se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 6 de A Coruña. El representante del Ministerio público no apreció a la hora de solicitar las penas circunstancias atenuantes.

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laopinioncoruna.es

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