Es necesario un cambio de cultura para eliminar en la medida de lo posible la siniestralidad laboral y para ello resulta determinante el impulso formativo, que arranque desde los primeros niveles educativos, porque “sólo así se conseguirá la sensibilidad necesaria en la sociedad”.
Fue el mensaje prioritario que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, subrayó durante la Jornada Técnica “Educación y formación en prevención de riesgos laborales”, organizada por el Grupo Joly en colaboración con la Junta de Andalucía, y desarrollada durante la mañana de ayer en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva.
“Soy el consejero de Empleo, pero además lo soy de Seguridad Laboral y mi prioridad ha sido, es y seguirá siendo favorecer el empleo de calidad”. Con estas palabras el consejero abría su intervención en el acto inaugural de las sesiones y dejaba clara su apuesta por un trabajo “más estable, más seguro y más igualitario” para el que ha sido determinante el desarrollo del Plan General de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía (2003-2008), que ha destinado más de 20 millones de euros (de los 160 totales) para desarrollar programas de formación, precisamente la pieza “clave” y uno de los tres pilares (junto a la promoción de la cultura preventiva y el consenso y colaboración entre los agentes sociales) de la política preventiva que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en esta materia.
El balance de este programa ha sido “positivo”, con una disminución del 25% en el índice de incidencia (relación de siniestros por la totalidad de la población activa), si bien no se escapa el repunte (del 20%) de los accidentes mortales durante el último año. De ahí, que desde la Junta se marque como objetivo prioritario el cumplimiento de la normativa existente en materia preventiva: “Voy a trabajar para que todos, empresarios y trabajadores, cumplamos la ley”, subrayó el consejero.
Esa lucha coincidirá en el tiempo con el desarrollo del nuevo Plan que se pondrá en marcha a partir del próximo año, donde la prevención de riesgos laborales será “una prioridad”. Y para ello, algunas medidas ya definidas como la obligatoriedad para los desempleados de recibir cursos de formación en materia de prevención. En una primera fase experimental, que arrancará el próximo mes de febrero, se desarrollarán 3.000 acciones para alrededor de 50.000 parados (fundamentalmente, del colectivo de sin empleo anterior, jóvenes y mujeres), ya que desde la Junta se ha llegado al convencimiento de que “es una obligación y también una necesidad que se exija a los desempleados una formación vital, que evite la muerte y cualquier actuación que ponga en peligro la integridad física”.
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