El guardia civil espeleño Ricardo Bravo Román lleva varios años de pleitos con la Benemérita para que le reconozca la inutilidad permanente para el servicio. El agente estuvo destinado en Barcelona, País Vasco y Tenerife, y fue en este último lugar donde empezaron sus problemas en 1991 al exigirle sus superiores unos horarios mucho más largos que a sus compañeros.
En octubre de 1992, el médico le da de baja y le remite al psiquiatra, que le medica con tranquilizantes durante cuatro meses. A pesar de no sentirse bien, recibe el alta y se reincorpora al trabajo. En febrero del 93 acude a otro especialista, que le diagnostica trastorno depresivo con sintomatología psicótica (delirio autorreferencial y persecutorio), y desaconseja que siga trabajando. Este rosario de dictámenes se completa con seis certificados en el mismo sentido hasta 1997.
En ese espacio de tiempo fue sometido a acoso por parte de sus mandos, según Bravo, acumulando cinco expedientes de sanción y solicitó ante el Tribunal de lo Contencioso–Administrativo de Tenerife su pase al retiro. La Benemérita le da el pase a la reserva –por lo que su pensión es más baja– al considerar que sus dolencias son endógenas “creadas en el ambiente familiar”. Curiosamente, el guardia es soltero y su familia vive en Espiel.
Su caso ha pasado por el Tribunal Central de lo Contencioso, que rechazó su apelación, y por la Audiencia Nacional, que falló en su contra. Bravo recurrió el pasado 31 de mayo al ministro de Justicia y a la secretaría de la Casa Real.
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