La Asociación de Operadores de Grúa Torre de Asturias ha pasado a la acción. El colectivo exige al Principado la retirada de los carnets concedidos en los últimos seis años a los novatos que no hayan realizado las preceptivas prácticas. Aseguran que se han producido una serie de “deficiencias y anomalías” que afectan a la profesionalidad y, sobre todo, “a la seguridad de los trabajadores con los que estén en la misma obra”.
Pero ésta no es la única queja presentada por los gruistas en los últimos días. La asociación entregó a la Consejería de Industria e Empleo una denuncia contra una empresa de formación. Explican que sus monitores “no tienen experiencia como operadores”. Como ejemplo citan el caso de un profesor que no tiene ni un año de carnet como operador y que no ha trabajado nunca.
El objetivo de estos movimientos es que el Gobierno asturiano se de cuenta del peligro que entrañan estos incumplimientos y que adopte las medidas necesarias para que se siga la legislación vigente. El presidente del colectivo, Vicente García, asegura que en otras comunidades se escucha la voz de los profesionales y sus demandas son atendidas, mientras que en el Principado no están obteniendo respuestas.
Los gruistas ponen por delante de cada uno de sus reivindicaciones la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Vicente García explica que la falta de prácticas a la hora de conceder el carnet de capacitación profesional “vulnera numerosos artículos”. Así consta también en sus escritos.
La consecuencia directa de estos permisos irregulares es “que aumenta el riesgo de siniestros laborales y que se genera una competencia desleal en el trabajo de los operadores de grúas torre”. También se produce una saturación de permisos en el mercado, “ya que se otorga a cualquiera aunque no esté cualificado”.
Su denuncia pretende que se revisen todos los carnet concedidos en los últimos seis años y que se retiren todos aquellos que se hayan logrado en un proceso irregular”. Vicente García reconoce que puede afectar a muchas personas pero cree que es un paso necesario.
Por otro lado, la asociación también va a actuar contra aquellas empresas que también están vulnerando la legislación. La primera ya está sobre la mesa. Reclama al Principado que investigue a una firma porque sus instalaciones no reúnen los requisitos mínimos de seguridad y porque sus profesores no tienen la cualificación necesaria.
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