Los dos socios de la empresa Robles y Santiago en la que trabajaba de forma irregular el inmigrante de origen boliviano fallecido el pasado martes en un accidente laboral en el municipio de Maracena podrían ser condenados a penas que oscilan entre 5,5 años y 13 años de cárcel, según la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía de Granada tras analizar el caso. Ambos podrían ser puestos en libertad bajo fianza hoy, lunes, después de permanecer detenidos desde el pasado jueves, primero bajo la custodia de la Guardia Civil y desde la mañana del sábado a disposición judicial.
El fiscal, que no descarta imputar a otras personas implicadas en el caso, sostiene que los dos empresarios, Miguel Ángel S.M., de 29 años, y Miguel R.L., de 38 años, pueden ser autores de un delito de homicidio imprudente, otro contra la Administración de Justicia –con penas que van de uno a cuatro años de cárcel en ambos casos– y de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores.
En este último supuesto, el más grave ya que conlleva penas de entre 3y medio a 5 años de prisión, la acusación pública estima que fue cometido por los dos imputados en una triple dirección: al abusar de la situación de necesidad del trabajador, por la imposición de condiciones laborales abusivas y por un delito contra la seguridad laboral.
Además, el Ministerio Público no descarta que “en uno de los casos” se puede imputar un delito de omisión del deber de socorro. La Guardia Civil informó de que Miguel R. L., ” tras el fatal accidente, huyó del lugar sin prestar ningún tipo de auxilio al herido”. La investigación puesta en marcha por la Guardia Civil concluyó que, en un presunto afán por cambiar el escenario del accidente, las medidas de seguridad que tenía la obra en el momento de la inspección fueron instaladas “tras el suceso”.
En la declaración prestada la noche del sábado ante el juez de Guardia, los empresarios admitieron que Carlos Óscar Romero Guzmán venía trabajando para la sociedad desde el mes de septiembre, lo que contradice lo dicho por fuentes sindicales, que denunciaron que la empresa había negado cualquier vinculación laboral con el muerto.
Preguntado si los empresarios habían colaborado con la Justicia, el representante del Ministerio Público indicó que ambos ratificaron las declaraciones prestadas durante más de tres horas ante la Guardia Civil y se mostraron “afectados por el hecho”. Otras fuentes señalaron que los dos imputados se encontraban “deshechos y confundidos, además de muy fatigados” por las más de doce horas que permanecieron en el edificio de La Caleta.
Carlos Óscar Romero, obrero de 20 años natural de Bolivia pero de nacionalidad argentina, falleció el pasado martes en el Hospital de Traumatología después de ingresar con un traumatismo craneoencefálico grave a las cinco y media de la tarde del lunes. El obrero carecía de documentación en regla y, según los empresarios, su pasaporte estaba en poder de una gestoría para tramitar su normalización.
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