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«La Fiscalía y la Inspección coinciden con lo que decíamos nosotros. Nos da la razón», indica Juan José Martínez, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Unión General de Trabajadores (UGT). En la misma línea se pronunció el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) de Almería, Juan Pallarés. «Ha habido una evidente falta de prevención. No es normal que los trabajadores esté con el alcohol derramado hasta los tobillos recogiéndolo con las fregonas. Está fuera de toda lógica que se hiciera así», dijo.
El informe de la Fiscalía viene a darles la razón a las dos principales centrales sindicales de la provincia que ya habían denunciado que el grave incidente, que costó la vida a dos trabajadoras de la planta y que hirió a otra decena de empleados, se produjo por tener un «desastre» de política en prevención de riesgos laborales.
En septiembre del pasado año, la Inspección de Trabajo ya propuso sancionar a la empresa con 100.000 euros por cesión ilegal de trabajadores y por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tras el incendio que casi redujo a cenizas la planta del Bajo Andarax. De estos 100.000 euros, 30.000 corresponderían a la sanción por irregularidades en la subrogación de la subcontrata y 70.000 a a la falta de políticas preventivas de los claros riesgos a los que se podían ver sometidos los empleados. La Inspección detectó que entre 2004 y 2007 se habían producido en la empresa hasta 14 siniestros y no disponía, según UGT, de plan de evacuación.

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