El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 18 de diciembre el borrador de la nueva de Ley de Función Pública, un proyecto que viene a sustituir al actual texto vigente desde 1990, y que entre otras novedades prevé la tipificación como grave del mobbing o acoso moral entre el personal de la Administración autonómica.
El proyecto, tal y como señala el Gobierno regional, busca la eficacia y la mejora en la prestación de servicios; un empleo de calidad y estable; la promoción profesional y el fomento de la motivación y la mejora de la calidad de vida en el trabajo y en del marco de relaciones laborales con un impulso del diálogo social entre los trabajadores.
Esta iniciativa es la segunda que sobre esta materia elabora el Ejecutivo autonómico después de que la anterior, de 6 de febrero, decayera sin ser tramitada en el Parlamento regional, disuelto por la convocatoria electoral del 25 de mayo.
Entre otros aspectos, el texto remitido al Parlamento de Castilla y León busca erradicar “las conductas dirigidas al impedimento del ejercicio de las funciones o al desprestigio, tanto profesional como personal, de los funcionarios”. Para ello tipifica el acoso moral o mobbing como falta grave, con apertura de expediente que puede llevar a tres años de suspensión de empleo y sueldo o traslado de localidad.
Dentro del apartado dedicado a la conciliación de la vida familiar y laboral, el proyecto amplía la duración de la reducción de jornada por lactancia de un hijo menor a doce meses (antes nueve) y por guarda legal de menores a ocho (antes seis) o parientes discapacitados. Se amplía asimismo la duración de los permisos por motivos familiares.
Asimismo, el régimen de vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario ha sido mejorado, quedando equiparado con el de personal laboral. Se posibilita la movilidad por razones de salud o recuperación física del funcionario, su cónyuge o los hijos a su cargo.
Por otra parte, se duplica el número de plazas reservadas para personas con discapacidad, que pasa de un 5 a un 10% y se fomentan programas de integración social para el colectivo de discapacitados o ciudadanos con problemas de reinserción social.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
Compartir este contenido
También podría gustarte
Anepa advierte sobre el incremento de accidentes derivados de los desplazamientos de los trabajadores
Neumosur sostiene que la prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados es la única medida eficaz
