El Consell Executiu de la Generalitat catalana aprobó hoy presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por considerar que el Ejecutivo central “invade” la potestad del Gobierno catalán en materia de notificación de accidentes laborales.
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y una posterior orden dictada por el Gobierno español, las empresas deberán notificar por vía electrónica a partir de enero del próximo año los “daños para la salud de sus empleados que se produzcan con motivo de su trabajo”.
La Generalitat recuerda, sin embargo, que cuenta con competencias exclusivas para “establecer unos modelos de notificación de accidentes”, así como para recibir dichas notificaciones, por lo que ha acordado recurrir al TC.
El Gobierno catalán insistirá en dicha petición en recursar al presidente del tribunal, Manuel Jiménez de Parga, como viene haciendo en todos los conflictos y recursos de inconstitucionalidad que ha presentado tras las polémicas palabras del magistrado cuestionando las comunidades históricas.
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