Se trata de los representantes legales de la promotora, constructora, el coordinador de seguridad y el encargado de obra.
Las diligencias corresponden a la muerte del carpintero rumano P.C. de 39 años, que el 3 de junio del pasado año cayó por el hueco del ascensor desde una cuarta planta, en la que realizaba trabajos de entarimado en un parte de la obra. Se precipitó hasta dos plantas más abajo del nivel del sueldo y la muerte fue instantánea.
El asunto se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 3, cuyo titular, el magistrado Alejandro Morán Llordén, citó como imputados a los cuatro indicados, que declararon ayer. Según todos ellos, se habían establecido las medidas de seguridad necesarias y reguladas por la normativa en vigor, por lo que eluden cuaquier responsabilidad penal. No obstante, el magistrado mantiene la imputación y continuará las diligencias con otras declaraciones e informes.
El accidente había ocurrido poco después de las doce de la mañana, parece queen una zona de poca luz. Los sindicatos, tanto la CIG como CC.OO, han venido denunciando el incumplimiento de las medidas de seguridad en el sector de la construcción de la comarca, atribuyendo parte de las causas de subcontratación.
Normas muy duras
La normativa, tanto en el ámbito laboral como en el penal, ha sido endurecida en los últimos años, sobre todo tras la entrada en vigos de la Ley de Riesgos. Se establecen responsabilidades en cascada, de manera que en la vía penal no importa que el trabajador, como era el caso del rumano fallecido, perteneciese a una subcontrata, porque se sigue la línea hasta llegar a la empresa principal. La imputación, como sucede igualmente en este accidente, es por homicidio imprudente. Pero, dicen los sindicatos, no es suficiente porque la inspección no actua.
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