Pasividad, falta de medios y un cierto desinterés. Todo ello contribuye al incremento de la siniestralidad laboral en la Comunidad Valenciana. El Consell no colabora con la intensidad necesaria, la patronal no se esfuerza suficientemente, los sindicatos se ven desbordados y se echa en falta más coordinación entre la Administración autonómica y la estatal, Fiscalía, policía judicial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Ayer, el fiscal delegado de Riesgos Laborales de Valencia, Jaime Gil, y el delegado de salud laboral de CC.OO., Juan Martínez, junto con otros responsables del sindicato, fueron meridianamente claros al respecto. Faltan inspectores laborales y urge un protocolo que coordine el trabajo de todas las instituciones implicadas en la prevención de la siniestralidad.
El accidente de un boliviano en una panificadora de Real de Gandia sirvió para ejemplificar las carencias que impiden una persecución más eficaz de las infracciones laborales. Franns Rilles Melgar sufrió la amputación de un brazo mientras trabajaba de forma ilegal y fue abandonado en las proximidades de un hospital por los dueños de la empresa.
Jaime Gil reiteró el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra la siniestralidad laboral. “Hemos constatado una vez más que no se puede estar pasivo, que es un imperativo moral y ético la persecución de los delitos laborales”, afirmó. De delito precisamente, que no de accidente, calificó lo ocurrido en Real de Gandia. Según Gil, la investigación ya ha constatado “importantes deficiencias, incluso en aspectos sanitarios, que se han puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad, deficiencias eléctricas y manipulación de las máquinas”. Gil coincidió con el sindicato CC OO en la necesidad de aumentar los medios de la inspección.
El fiscal de Riesgos Laborales calificó de “anecdótico” el hecho de que ni su departamento ni el Juzgado supieran del accidente hasta 12 días después de producirse. Pese a ello, reclamó un protocolo para que la Inspección de Trabajo, que conoce cada día los siniestros que ocurren, los ponga en conocimiento de la Fiscalía. Gil contó que, en el caso de Real de Gandia, la inspección acudió al lugar de forma inmediata e intervino paralizando la actividad, pero no le informó. Por eso, respaldó la petición de los sindicatos de un protocolo de colaboración que permita una información más rápida y fluida.
La Fiscalía reclamó un incremento del número de inspectores y de técnicos para el Instituto Valenciano de Seguridad Laboral (Invasat). Martínez, de CC OO, precisó que junto a la Administración se firmó hace cinco años el Pavace I (Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo) con el compromiso de dotar con 60 técnicos especializados la inspección laboral, “sin que se haya cumplido”. Según él, “la propia estrategia se boicotea por la patronal y por la Administración”.
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