La familia de un hombre que falleció sepultado en una zanja el pasado 15 de diciembre de 2005 mientras estaba trabajando en una obra de una urbanización en Nívar (Granada) ha pedido “celeridad” en el señalamiento del juicio por estos hechos, después de una instrucción muy prolongada.
Está previsto que la vista oral se celebre en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada, más de seis años después del siniestro, por el que su viuda y sus dos hijas, que entonces eran menores de edad, no han recibido aún indemnización alguna.
Por el accidente han sido procesadas seis personas, a cinco de las cuales acusa la Fiscalía de Granada, que solicita penas de tres años de prisión, multa de 5.400 euros e inhabilitación para la profesión por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro de homicidio imprudente.
La acusación particular que ejerce la familia acusa a seis imputados, para los que pide condenas de entre tres y siete años de prisión y multa de 144.000 euros por un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, interesa la clausura de la contratista principal y de la empresa para la que trabajaba el fallecido “con carácter definitivo”.
El fiscal pide también a los procesados el pago de una indemnización de 103.000 euros para la mujer del fallecido, y de otros 43.000 a cada una de las hijas, que la acusación particular eleva a casi 120.000 para la viuda y de otros 50.000 para cada una de las dos hijas, que, en cualquier caso deberán asumir, como responsables civiles directos, las aseguradoras de las empresas.
Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, el pasado 15 de diciembre de 2005, sobre las 11,00 horas, el trabajador, que entonces tenía 41 años, se encontraba trabajando como oficial de primera para la empresa subcontratista en las obras promovidas, en la urbanización Residencial La Alfaguara, en concreto en la realización de un colector para saneamiento que debería ir conectado a la red de la localidad de Nívar.
La tarea concreta a ejecutar era la apertura de una zanja de 10 metros de longitud por 1,90 metros de ancho y unos 3,60 de profundidad, con la finalidad de introducir en ella una tubería de desagüe de las aguas procedentes de la urbanización hacia el pozo de la red existente en el municipio de Nívar.
Ya habían abierto la zanja y metido los tubos con la pala retroexcavadora, cuando uno de los operarios encargados de nivelar subió a la superficie a coger una herramienta que se le había olvidado. Abajo quedó el trabajador que, al desprenderse una terrera del lado derecho de la pared de la zanja, quedó sepultado y falleció a consecuencia de ello por un traumatismo craneoencefálico. La causa fundamental del accidente, según el fiscal, fue la falta de entibado -apuntalamiento o fortalecimiento- de la zanja, lo que propició el desprendimiento.
Según la acusación pública, la empresa promotora no había redactado proyecto de ejecución de las obras, ni elaborado el preceptivo estudio de seguridad y salud, ni tampoco había nombrado coordinador de seguridad. El arquitecto técnico y encargado de ejecución de las obras de la promotora y jefe de obra no se aseguró de que la zanja estuviera entibada, ni advirtió de tal extremo ni a la promotora, ni a la constructora, ni a la subcontrata.
La contratista principal, “permitió” que en su centro de trabajo se omitieran “elementales medidas de seguridad y salud”, en concreto la falta de entibación de la zanja, no especificó nada en el plan de seguridad, y no se cercioró de que la subcontratista adoptara tal medida, ni supervisó la función de su aparejador y director de la obra. Tampoco la empresa para la que trabajaba el fallecido, garantizó la seguridad de su empleado, y permitió que desempeñara su trabajo “con la omisión de las más elementales normas de seguridad”, en concreto la entibación de la zanja.
La Fiscalía acusa por ello a los administradores de la promotora, de la empresa para la que trabajaba el fallecido y de la contratista principal, además de al arquitecto técnico y al aparejador. La acusación particular atribuye también responsabilidad penal a una sexta persona, concretamente al ingeniero que redactó el proyecto de urbanización del Plan Parcial Residencial Alfaguara.
La instrucción del caso, que se ha cerrado y reabierto hasta en dos ocasiones a petición de la Fiscalía, concluyó en diciembre de 2011 y, pese a que entonces ya se procedió a la apertura de juicio oral, aún no se ha señalado fecha para la vista.
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