La familia del joven Iñigo López Mora, fallecido el pasado 11 de febrero en accidente laboral en la empresa Productos Tubulares de Trapagarán (Bizkaia), a la que prestaba sus servicios a través de la empresa subcontratada Clequali, S.L., emprenderá acciones legales por la vía tanto civil como penal para esclarecer las circunstancias del caso y depurar las correspondientes responsabilidades.
Las tres hermanas del fallecido comparecieron hoy ante los medios de comunicación acompañadas de responsables del sindicato ELA, al que estaba afiliada la víctima, para denunciar lo sucedido y la actitud de “frialdad” de las empresas, que, según dijeron, tratan a los fallecidos en estas circunstancias como “muertos de segunda”.
Según el relato de los hechos que realizó el responsable de Seguridad y Salud Laboral de ELA para Bizkaia, Luis Miguel Saenz, en un primer momento se presentó el siniestro ante los trabajadores como si se tratara de una muerte natural derivada probablemente de infarto, y, por tanto, como “una desgracia no imputable a nadie más que a la mala suerte”.
Sin embargo, tal y como añadió el responsable sindical, la autopsia provisional declara que la muerte vino derivada de electrocución, por lo que se está a la espera de conocer los informes de Osalan y de la Inspección de Trabajo para interponer la correspondiente demanada ante la Fiscalía especial que se ocupa de este tipo de casos.
Saenz subrayó también que transcurrió casi una hora desde el fallecimiento hasta que se conoció el fatal desenlace, porque “la distancia a la que se encontraba el trabajador más cercano que pudiera socorrerle era superior a 50 metros”.
Tanto el responsable sindical como una de las hermanas del fallecido, que leyó un breve comunicado, denunciaron la “frialdad y el trato inhumanitario” demostrado por Productos Tubulares y Clequali, S.L. Según dijeron, la empresa no se ha dirigido a ellos para comunicarles el accidente o explicarles su versión o los pasos que piensa dar, mientras que la subcontrata sólo lo ha hecho para decirles que tienen a su disposición el finiquito “y poco más”.
Saenz afirmó que este tipo de comportamientos se producen “en muchas empresas”, en la medida en que “la patronal entiende la salud y la seguridad en el trabajo como un coste y no como una inversión”.
Además, aprovechó la ocasión para recordar que el pasado año se produjeron en Euskadi y Navarra un total de 70.000 accidentes laborales, entre leves, graves y mortales, considerando como tales accidentes aquellos de más de tres días de duración.
“Si tenemos en cuenta que la población activa está formada por 750.000 trabajadores y que aproximadamente el 40 por ciento corresponde al sector público, la enseñanza o los servicios y no está sujeta a tantos riesgos, resulta que de cada 100 trabajadores, en torno a 18 ó 20 han tenido un accidente de más de tres días de duración”, denunció.
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