Pero el auténtico drama se da cuando esos riesgos se convierten en hechos. Así, cada año 4.000 trabajadores pierden la vida; al menos 33.000 caen enfermos, y más de 18.000 padecen un accidente laboral por su contacto con sustancias químicas. Los productos más peligrosos se detectan en la construcción y en la industria. Ante esta tragedia, los países desarrollados elaboran inventarios y evaluaciones higiénicas que frenan y erradican las consecuencias nocivas, «pero España no».
La voz de alarma ha corrido a cargo del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), fundación autónoma de carácter técnico promovida por el sindicato CCOO. El objetivo de esta entidad es impulsar acciones «de progreso social» y, bajo este epígrafe, el ISTAS ha reunido en Sevilla -por primera vez en España- a expertos y científicos nacionales y extranjeros para aflorar «el riesgo químico» y planificar «estrategias conjuntas preventivas».
Los responsables del Instituto advierten de que «el riesgo químico es un enemigo invisible». La repercusión de los agentes dañinos sobre el medio ambiente es también inquietante. El 84% de la población respira aire que supera los índices de protección a la salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y, dentro de esta superación de límites, el registro estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, del 2008, recogía la existencia de 2.156 complejos industriales que sobrepasaban el nivel admitido.
La información toxicológica disponible aporta, según el ISTAS, unas cifras demoledoras. La población en general está expuesta a sustancias de elevada peligrosidad presentes en los lugares de trabajo. Hay identificados 1.500 productos cancerígenos y mutágenos; 1.500 tóxicos para la reproducción; 3.000 alérgenos; 1.300 neurotóxicos; 1.500 alteradores del sistema hormonal; 500 compuestos orgánicos volátiles, etc.
En las jornadas de Sevilla participaron, junto a los especialistas, cargos de diversos ministerios. En sus intervenciones hubo un denominador común: la denuncia de la precariedad del etiquetado por parte de los proveedores. Además, el secretario general de Trabajo, Rafael García, abogó por utilizar adecuadamente la legislación vigente en materia de prevención, profundizar en la investigación y consolidar las medidas aplicadas.
“Causa-efecto” invisible
La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez, se mostró consciente de la «dimensión» del problema en España, pero al no ser visible la relación «causa-efecto» es muy difícil «justificar inversiones costosas», expuso.
Por su parte, la secretaria general de Salud Pública de la Junta de Andalucía, Josefa Ruiz, insistió en la necesidad de que los trabajadores tengan «un conocimiento profundo sobre las consecuencias de los productos que utilizan».
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