La reforma laboral empieza ya a ser conflictiva no solo en el papel, sino en su aplicación sobre el terreno. Se supo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social paralizó la pasada semana la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del convenio general del sector de la construcción firmado el pasado 20 de enero y que afecta a 1,3 millones de trabajadores y tiene una vigencia de 2012 a 2016. Consideraba que incumple una de las principales novedades de la nueva normativa laboral: la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial.
Según el escrito de la Dirección General de Empleo enviado a los firmantes del acuerdo, el artículo 12 del convenio estatal de la construcción -que se atribuye prioridad aplicativa sobre cualesquiera otras disposiciones- no se ajusta a la nueva redacción del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que indica que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior.
Por ello, la Dirección General de Empleo insta a los firmantes del convenio a que rectifiquen los artículos cuestionados. Desde CCOO, su número dos, Ramón Górriz, hizo pública esta situación y aseguró: No vamos a corregir nada; al igual que en UGT, donde tampoco están dispuestos a modificar la estructura de negociación colectiva pactada.
Los sindicatos argumentan que el convenio está firmado el día 20 y registrado posteriormente, lo que es suficiente para avalar su aplicación.
La Administración, por su parte, argumenta en el citado escrito de la Dirección General que el cambio normativo se ha producido durante la tramitación del expediente administrativo y por ello puede exigirles la citada modificación.
Pero en UGT alegan que la revisión que hace la Administración de los convenios antes de autorizar su publicación en el BOE es meramente formal y no de contenido, por lo que la Dirección General de Empleo no es competente para decir si se ajusta o no a derecho, eso lo tendrá que decir un juez.
Ante estas alegaciones sindicales, a última hora se supo que los responsables del departamento que dirige Fátima Báñez decidieron finalmente que registrarán el convenio de la construcción para enviarlo posteriormente al BOE y lo dejarán tal y como está firmando, sin las modificaciones exigidas, pese a que los responsables de Empleo consideran en su notificación de la Dirección General que el texto no se ajusta al vigente artículo 84 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
De no haberse producido esta decisión de última hora, y ante la negativa sindical a modificar el convenio, Empleo debería haber llevado el acuerdo a la Audiencia Nacional y que ésta hubiera decidido si se ajustaba a derecho.
En cualquier caso, los sindicatos creen que este asunto va a ser un tema de mucha confrontación jurídica porque el texto legal de la reforma laboral no regula los efectos transitorios en esta materia y por ello fuentes jurídicas del sindicato CCOO aseguran que podrían plantear en los tribunales que, en términos generales, la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materias básicas como, por ejemplo, jornada y salarios no se produzca hasta que no termine la vigencia de los actuales convenios sectoriales. Según esto, se abre una importante incógnita acerca de si la nueva ley dejará en papel mojado acuerdos como el de la industria del metal publicado ayer en el BOE y que blinda la prioridad de los convenios de ámbito superior a la empresa.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
